Una resolución habilita a los controles y auditorías de las universidades públicas. La Constitución garantiza independencia, no impunidad.
El debate entre Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias y el diputado radical Emiliano Jacobitti (vicerrector de la UBA y la cara más visible de la delgada línea entre los gastos de las dependencias educativas y el financiamiento de la política) marcó un antes y un después. Allí quedó en evidencia que mientras se piden más recursos económicos, no existe ningún entusiasmo en auditar cómo se utilizan los fondos que se perciben en la actualidad.
La visibilización de la utilización de la política alrededor de la noble causa de los valores de la educación pública llegó sin dudas a la gente. Mientras que la primera marcha fue multitudinaria, la reedición ―en el medio de la pelea con el gobierno ― resultó mucho menos convocante. Mientras tanto, los jóvenes militantes toman las universidades, generando más repudio que respaldo en una ciudadanía que de a poco va comprendiendo el plan del presidente Javier Milei.
El gobierno nacional celebró una auspiciosa noticia. Mediante una resolución, finalmente se auditarán los fondos y los gastos de las universidades nacionales, lo que comienza a generar preocupación en una dirigencia que no quería saber nada sobre algún tipo de control externo.
"Celebramos este dictamen ejemplar de la Procuración que permite a la Sindicatura General de la Nación auditar a las universidades nacionales. De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente a cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 de evitar que el Gobierno nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales", resaltó el mismo Álvarez desde sus redes sociales.
Según el comunicado oficial señala que el control previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional "puede ser aplicada a las casas de estudio, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional".
Esa independencia constitucional de las universidades fue justamente la excusa para evitar las auditorías y los controles, pero el dictamen señala que pueden realizarse las auditorías sin intervenir en la independencia que tienen para manejar los recursos. Claro que, lo que hagan con los dineros públicos, ahora será de conocimiento de la población. Esto cambia por completo la situación y lo más probable es que las noticias sobre los resultados de los controles sorprendan a más de uno. O no...
Origen: PanamPost.com