La llamda “Ley Sinde” estipula la conformación de una “Comisión de Propiedad Intelectual”, cuyo objetivo será determinar que portales violan derechos de autor. La ley establece que aquellos sitios encontrados en infracción serán cerrados en un lapso no mayor a 10 días.
La comisión recibirá además denuncias, y en caso de constatar la vulneración de derechos de autor, procederá a informar a los administradores del sitio para que éste sea cerrado. En caso de que existan negativas a acatar estas órdenes, la comisión podrá acudir a un juez para que lo solicite en un plazo máximo de 72 horas.
Sáenz de Santamaría ha argumentado que “sólo se actuará, con la correspondiente protección judicial, contra quienes lucran indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de otros”. Agregó además que “España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería.”
Esta polémica resolución fue acompañada de otra que suprime el canon digital, el cual será sustituido por un nuevo “sistema de compensación”. Dicho sistema compensará a las entidades de gestión de derechos de autor con fondos públicos. Esto quiere decir que todos los españoles pagarán una tasa por hacer copias privadas, las hagan o no. Se estima que anualmente el estado destinará entre 0,8 y 0,9 euros por habitante (lo que conformaría una cifra total cercana a los 40 millones de euros) para compensar a los autores y dueños de derechos.
Según el Poder Ejecutivo, para que éste nuevo sistema funcione “Se desarrollará reglamentariamente el mecanismo que establece una compensación económica calculada a partir del perjuicio que les causa a los autores el hecho de que continúe siendo plenamente legal la realización de copias de obras para uso privado. Dicha cantidad será determinada por el Gobierno y recogida en los Presupuestos Generales del Estado tras el diálogo con los sectores afectados, y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea”.
El anuncio fue realizado el mismo día en que la Cámara de Comercio de Estados Unidos remitió una carta a Rajoy en la que lo instó a tomar medidas para evitar la fuga de inversiones. Según el escrito: “Su falta de aprobación (de la ley Sinde) ha supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia de tanta importancia”. Cabe aclarar que en Estados Unidos se está debatiendo la polémica ley SOPA, que persigue intereses similares a la ley antipiratería aprobada en territorio español. Fuente: ElPais.com