Las denuncias de un colaborador de la policía, deschavando la vinculación con el narcotráfico de la cúpula policial que supuestamente debía combatirlo, abrió una crisis política que no cesa de agravarse. Ya hay cinco jefes policiales presos y varios otros investigados, junto a la destitución del ministro de Seguridad y de la cúpula de la policía provincial.
Hay elementos para incorporar a la causa judicial al ministro de Seguridad renunciante, Alejo Paredes, lo cual sería un golpe directo a De la Sota. Pero la crisis no ha quedado circunscripta al gobierno provincial. El Tribunal Federal Nº 2 reclamó la intervención de la procuradora general de la Nación ante la existencia de un “triángulo de la Bermudas” donde desaparece la droga incautada, señalando que la responsabilidad recae sobre los fiscales federales -entre ellos, el que investiga a los policías presos.
En la última semana, un nuevo arrepentido declaró que el viceintendente de la ciudad de Córdoba, el radical Cossar, es un elemento activo y clave en el narcotráfico de la ciudad. Por lo pronto el patrimonio de Cossar quedó en la mira cuando se detectó que no habría declarado todos sus bienes.
La crisis involucra a todos los poderes del Estado y a sus principales partidos.
Ante los ojos de la población, todos ellos han quedado como responsables de un aparato descompuesto que es el principal responsable de la inseguridad cotidiana y la destrucción de las condiciones de vida. El conjunto de los partidos ha tomado nota de que esta crisis puede tener una expresión electoral. El oficialismo teme perder votos y la oposición patronal reza para que la crisis no la involucre, en particular el radicalismo. Vamos por el desmantelamiento integral del aparato represivo, la destitución del aparato judicial involucrado con los narcos y la elección popular de los jueces; la apertura de todos los libros y archivos policiales a la consideración popular.
Eduardo Salas