Concretamente, el TJUE tendrá que juzgar el impuesto del 7% a la producción de energía eléctrica (IVPEE) y sobre las tasas de residuos nucleares. Se hablará de la presunta calificación de los impuestos de la reforma eléctrica como un impuesto directo y, por tanto, sobre la adecuación del régimen aplicable del IVPEE a la Directiva 2008/118/CE relativa al régimen general de los impuestos especiales.
Otra de los puntos importantes será saber si estas medidas dificultarán el desarrollo de las renovables en España. El Tribunal Europeo deberá pronunciarse sobre la legalidad de estos impuestos, que recaudan alrededor de 1.900 millones de € anuales para evitar la aparición del déficit de tarifa.
El Tribunal Supremo ya alertaba cuando pasó el asunto al Constitucional de las dudas sobre la finalidad medioambiental del IVPEE. Según explicaba, al analizar la configuración del tributo se pone de manifiesto que ninguno de sus elementos configuradores sirve al objetivo. Además, el Informe del Comité de Expertos sobre la reforma del sistema tributario español ya criticaba su carácter falsamente ambiental.
Se considera sorprendente que no haya ninguna exención parcial ni bonificación para los productores cuyo uso de las redes sea mínimo. Al recurrir al Tribunal Europeo se pueden acabar anulando los tributos al ser un caso muy similar al del céntimo sanitario, el cual recordemos la Corte europea rechazó y forzó al Gobierno a devolver unos 5.000 millones de €.