Es el cuento de nunca acabar. Tener un bien público, exprimirlo en propio beneficio hasta la extenuación y cuando no es rentable ni sostenible, venderlo al mejor postor o, directamente, echarle el candado. Es el día a día del sector público en nuestra maltrecha España, en la que cabían todo tipo de medios de comunicación en épocas de vacas gordas, y que ahora se resiente de una pésima y vergonzosa gestión que, al final, acabarán pagando los mismos.
El cierre de la televisión valenciana o los malabarismos que hace Telemadrid para seguir en antena son algunos ejemplos de un modelo que desaparece amparado por la reforma de la ley audiovisual (aprobada el pasado agosto por el Gobierno), que permite privatizar total o parcialmente los entes públicos. Esto es, para aquellos que no lo entiendan, una llave que permite abrir la puerta a los intereses más personales de unos cuantos, en contra de la libertad de información y el trabajo de todos (no sólo de los trabajadores de la cadena de turno, sino de todos los miembros de la sociedad que, con sus impuestos, financian este modelo de comunicación).
Y es que muchos de los que utilizaron las teles autonómicas como organismos de pura propaganda y manipulación, donde se ensalzaban las bondades y virtudes del Gobierno y político de turno y donde se ocultaban los trapos sucios, son los mismos que hoy hablan de una deuda tan elevada que no permitirá a las teles seguir en activo. Y es que quizá, si no hubieran usado los canales como arma propagandística sino como una vía de información libre y respetable, éstos no habrían bajado su audiencia hasta los límites que hoy les mantienen en el filo de la navaja.
Esta gestión interesada y malversada, apoyada ahora en un marco legal que hace fácil sacar a la venta una tele que quizá pase a ser herramienta de intereses políticos a ser herramienta de intereses empresariales (que no sé qué es peor), ha hecho que televisiones como la de Murcia hayan apagado sus emisiones a la espera de ser vendidas.
Y mientras tanto, los pocos periodistas que quedan en las redacciones, luchan día a día por no quedarse en la calle en el próximo ERE, porque el canal no cierre o porque la tanda de decenas de despidos no les toque a ellos, a la vez que renuncian, en muchos casos, a su propia ética en pos de la manipulación política porque, efectivamente, en los tiempos que corren, uno no puede ser tan tonto de morder la mano que le da de comer.
Se venden teles autonómicas. Se vende libertad, pluralidad y el derecho de cualquiera a estar informado.
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