Sebastián, de estusiasta renovable a la guerra contra la fotovoltaica en sólo 3 años

Tras el tijeretazo a la fotovoltaica aprobado por el Consejo de Ministros, el sector acudirá a Bruselas y a la Directiva 28/2009, EE UU amenaza con reciprocidad y los fondos buscan arbitraje para 15.000 millones
España pasó de instalar 2.500 MW entre 2007 y 2008 a 100 Mw de 2009 y 2010 y a ceder liderazgo a Alemania. Se enreda ante Bruselas y Washington con el tijeretazo a sus 'jardines verdes’.
Algunas CCAA y el PSC exigen que el ICO cubra las refinanciaciones; Sebastián renegocia la prometida regulación del autoconsumo.
El diario Intelligent & Capital News Report analiza en un extenso artículo la situación de las energías renovables en España y en particular la de la Fotovoltaica. Dejo a continuación lo más destacado:
Vistió de alarde sus galones renovables e hizo ondear a los ojos de Obama y ante las promesas del Paner 2020 para Bruselas el perfil de la que entre 2007 y 2009 era primera potencia fotovoltaica mundial. Sebastián sopló y sopló sobre las expectativas tecnológicas y financieras de una “fiesta solar” que llevó a instalar 2.500 MW entre 2007 y 2008, en vez de 500MW -el 45% del total mundial- antes del recorte en un 30% a las primas del RD 1578/2008 y de ponerle puertas al campo con cupos anuales y un pre-registro. Dos Reales Decretos, un Real Decreto Ley y casi un año de guerra con las patronales después, el ministro coreografía, con la misma intensidad y tras la exigencia de Salgado, grandes remedios para los grandes males de un déficit de tarifa al que el Régimen Especial contribuyó con 6.505 millones de euros hasta noviembre: recortes a instalaciones ya operativas que hace dos meses no eran posibles (cuando aprobó el RD 1565/2010) para aliviar en 700 millones de euros anuales hasta 2013 su retribución -la misma cantidad del Real Decreto del carbón-. Lo hace aún a riesgo de colapsar ahora un sector que ya vivió una pérdida de valor del mercado de un 98,5% en menos de un año y medio. Y es que, si Sebastián buscó asegurar la incontestabilidad de los ajustes con una disposición adicional en el Real Decreto Ley 14/2010 para la corrección del déficit, ha destapado la ‘caja de Pandora’ de los partidos políticos que deben ratificarlo y las CCAA y la guerra judicial de 50.000 instalaciones, la mayoría pequeños inversores particulares con créditos garantizados con las primas.
Al cerrar la puerta a las reclamaciones directas nacionales del Real Decreto Ley, son el camino a la CE, la apelación a la Carta Europea de la Energía, la solicitud de arbitraje internacional y las amenazas de reciprocidad estadounidense las que enarbolan ya los inversores extranjeros y las patronales españolas. Y si Sebastián buscaba con el ‘efecto sorpresa’ hacer encajar sin aspavientos el recorte en un 30% de las horas con derecho a prima de las instalaciones fotovoltaicas, ya empieza a sospechar que la batalla ‘solar’ no ha hecho más que empezar, sobre todo en las trincheras exteriores. No sólo porque, a falta de opciones directas a domicilio para exigir la nulidad del Real Decreto Ley en el Supremo o la Audiencia Nacional (sólo podrán hacerlo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los parlamentos y ejecutivos autonómicos) las asociaciones y las empresas llevarán sus escaramuzas judiciales ante Bruselas y reclamarán ante la Comisión Europea “las decisiones del Gobierno por incumplimiento del derecho comunitario”. RELACIONADO: Fotovoltaicos unidos contra la norma retroactiva de Industria
‘EFECTO REBOTE’ POR EL REAL DECRETO LEY 14/2010
Sólo la ‘intrahistoria’ en Castellana 160 del Real Decreto Ley permite entender por qué, tan sólo un mes después del Real Decreto 1565/2010 de noviembre que daba por zanjada la regulación fotovoltaica (con recortes a 25 los años con prima y un 45% las primas a instalaciones desde 2012), Miguel Sebastián decidía incluir recortes del 30% a la retribución de las instalaciones ya en funcionamiento en el Real Decreto Ley publicado en el BOE el 24 de diciembre y arriesgarse con ello a un alud de demandas dentro y fuera de España.
Pero, a cambio, el ministro tendrá que vérselas para empezar con el resto de los grupos de la Cámara Alta. Lo hará, in extremis en reuniones bilaterales, con las que -a falta de su comparecencia en el Congreso- busca desde esta misma semana atar las voluntades y los votos de los grupos suficientes para poder sacar adelante su Real Decreto Ley 4/2010. En Moncloa le han hecho saber al titular de Industria, desde el mismo Consejo de Ministros -el último del año pasado- en el que se aprobó, que no quieren sorpresas que afecten al conjunto del paquete de medidas del sistema eléctrico, nada de reeditar el impasse con el que la Ley Sinde acabó por paralizar la Ley de Economía Sostenible.
Un modelo -defienden en el partido de Ridao- similar al de la moratoria nuclear y la compensación a las eléctricas por sus inversiones fallidas en los años 1980. Una opción, en realidad, que sintoniza con la propuesta que ha llegado al Grupo Socialista desde el PSC: que sea el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de líneas de crédito el que refinancie a los propietarios de plantas solares que queden excluidos del sistema bancario. Además, con la letra pequeña del Real Decreto Ley y sus ‘olvidos’-recorta el número de horas sujetas a prima, no las primas, para no ir más allá de la retroactividad impropia- Industria ha acabado por proponer recortes horarios iguales para todas las Comunidades Autónomas -al margen de su exposición solar y el techo de potencia de instalaciones- y siembra, con ellos, otro nuevo frente de batalla: el de las comunidades autónomas hasta ahora más ‘solares’.
GUERRA JUDICIAL Y DIPLOMÁTICA EN BRUSELAS Y WASHINGTON
Como los técnicos de la APPA advierten desde hace meses, España incumple la Directiva Europea de Energías Renovables 2009/28/CE y no la ha transpuesto, como debía, antes del 5 de diciembre de 2010. Dos sombras que no caen bien en la mesa del Comisario Günter Oettinger y que suman y siguen con las manchas que España ha terminado por echarle a lo que iban a ser sus ‘alardes renovables’ aspiraba a definir en 2010 una Ley de Renovables y de Ahorro Energético -o al menos un nuevo PER hasta 2020- y se atrevió a estrenar el semestre de su presidencia europea fijando el objetivo del 22,7% de renovables.
Pero es que, además, los inversores internacionales -con al menos 15.000 millones dedicados al sector español, la mitad de ellos ligados a la banca europea- ya han hecho saber a Zapatero que estudian un arbitraje internacional para obligar a que el Ejecutivo respete sus inversiones. Como confirmaba Javier Anta, presidente de ASIF, los amparan no sólo la Carta Europea de la Energía (suscrita en los años noventa por los principales países europeos) y los acuerdos bilaterales suscritos con los países de bandera de los inversores, sino la posibilidad de pedir un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial; el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
El sector había llegado a asumir los ajustes del RD 1565/2010 de noviembre, sólo se referían a plantas futuras; y al fin y al cabo, hubo momentos en los que temieron un ajuste de hasta el 65% en las instalaciones de suelo.
Estados Unidos es el primer inversor en España, con un stock de inversión de 43.000 millones de euros, el 17% del total de la inversión exterior directa y cerca de 650 empresas. Pero en renovables, los lobbies norteamericanos se lo piensan ya dos veces ante la volatilidad del marco regulador y la complejidad regulatoria de las 17 legislaciones autonómicas. Si en 2009 el Washington Post resaltaba en su artículo "Spain´s Answer to Unemployment: Go Green", que el perfil de España era el Estado con mayores posibilidades de crear “empleo verde” y de asumir un millón de los puestos de trabajo perdidos durante la próxima década, ahora, junto al New York Times han hecho del perfil español y el antecedente fotovoltaico el “antimodelo” de las renovables estadounidenses. El NYT ha llegado a destacar en su portada el ejemplo de Puertollano como la protagonista de una “dolorosa caída”, que ya vimos en este post.
SEBASTIÁN: DE ADALID, A ‘BESTIA NEGRA’ DE LOS FOTOVOLTAICOS
El Ministro ha conseguido zafarse del cara a cara con el sector fotovoltaico en los últimos meses: desde que en julio dejó la negociación en la vía muerta, ni en la ASIF, ni en la AEF, ni en APPA han vuelto a tener noticias directas de Miguel Sebastián y de sus enviados sobre la regulación al sector; ni siquiera de su ya ex Secretario de Estado, Pedro Marín, por sea quien haya mantenido -y mantenga aún ahora- la mejor sintonía con la mayor parte de las empresas renovables y sus patronales y que haya recibido de ellas el beneplácito para su candidatura en IRENA. El mensaje del Ministro en esa última reunión en verano -“los fotovoltaicos estáis cada vez más solos”- se ha convertido desde entonces en consigna en Castellana 160, en un estigma ante el resto del sector eléctrico. No es de extrañar que en el ‘menú’ de solicitudes al Ministerio que desgrana Juan Laso, el presidente de AEF, el retorno al diálogo encabece la lista, junto a la “seguridad jurídica y regulatoria a medio plazo”.
Lejos quedan ahora -lo recuerdan en el sector- las fotos con las que hace apenas dos años, en 2008, el Presidente Zapatero cerraba filas con su ministro para ponerle cara juntos, cada vez que se presentaba la oportunidad, a la campaña “España Solar” de la que Moncloa se encargaba directamente; lejos, también, la euforia renovable con la que se investía -hace poco más de un año- la diplomacia hacia Barack Obama y con la que Miguel Sebastián paseaba los galones de la entonces primera potencia fotovoltaica por la Feria Solar Power en EE UU. Ya no pudo reeditarlo en la edición de 2010, en octubre.
Según las cifras manejadas por Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), ya una reducción hipotética del 10,4% sobre las tarifas fotovoltaicas para las instalaciones acogidas al Real Decreto 661/2007 (el 95,5% del total del parque fotovoltaico nacional), significaría la entrada en default de esas instalaciones, al no poder generar los flujos de caja suficiente para asumir su deuda. Respecto a los cortes de emergencia (y de segunda generación), de acuerdo al informe “Impacto macroeconómico de la desaparición del mercado fotovoltaico en España”, en el caso de que no se instalen los 500 MW fotovoltaicos anuales previstos por la regulación, el país perdería 4.979 millones de euros hasta 2020, una factura mayor que la que Industria pretende ahorrar.
Como el recorte retroactivo de horas con derecho a tarifa que plantea el Gobierno es muy superior, del 30%, el resultado será -en palabras de su presidente, Juan Laso- “la quiebra inevitable de la mayoría del sector”, ante las previsiones de impago, bancos y cajas de ahorros se verán obligados a provisionar 20.000 millones. Según sus datos, el nuevo Real Decreto Ley haría que los ingresos del sector se contrajeran un 27%, después de un año en el que ya han desaparecido más de 15.000 empleos, en lo que las patronales consideran “una moratoria de facto” en su actividad desde el RD del año 2008 y meses de indefinición regulatoria, que mantenían durante 2010 -según sus informes- más de 10.000 millones de inversión congelados en el tejado de las dudas
DE VAIVÉN EN VAIVÉN, HASTA LAS PUERTAS DEL RIESGO
Sebastián permitió, después de tres regulaciones en tres años, que se instalasen 2.500 MW entre 2007 y 2008, en vez de los 500MW previstos, e incentivó que, antes del recorte en un 30% a las primas de 2008, se incrementaran las conectadas al sistema hasta en un 300%. La pasividad de Industria chocó con la carrera desenfrenada de los inversores para obtener la retribución del Real Decreto 661/2007, al que se puso fecha de caducidad. España era, con mucho, el mercado más atractivo del momento. Un imán para proyectos no sólo de generación de electricidad, sino también de carácter industrial. Incluso -el propio ministro lo reconocía- de interés puramente financiero, al calor de unos ‘huertos solares’ que prometían rentabilidades superiores al 15%. Nada que en realidad las renovables no hicieran bajo la ‘ebriedad’ de las expectativas de retribución, pero también bajo un paraguas de legalidad, amparadas en una directiva europea y en los planes de Industria, que sólo tenía ojos para una estimación de demanda eléctrica que nunca llegó y una remuneración a la solar 10 veces superior a la eólica (430 euros por MWh generado). Nada que haya podido mantener, después de que las primas al Régimen Especial en 2009 se dispararan hasta los 6.200 millones de euros, 2.600 de ellos para la solar.
Las fotovoltaicas intentan ‘limpiarse’ las manchas de un déficit de tarifa que -en palabras de García Breva- “no lo generó la fotovoltaica”, que sólo oculta "los verdaderos problemas" del sector: las ayudas al carbón (más de 600 millones anuales) y la necesidad de modificar la formación de precios del ‘pool’. Achacan a la cogeneración más de 1.100 millones del Régimen Especial; buscan hacer valer unas tecnologías que, según sus datos, ahorran al sistema unos 2.000 millones de euros (500 de ellos la solar) al abaratar el precio del pool eléctrico hasta un 15% y contabilizar efectos positivos como su contribución medioambiental y a la dependencia energética. Las asociaciones empresariales solares sólo se atribuyen un 10% de los casi 20.000 millones de euros de déficit de tarifa con los que España espera cerrar 2011 e Industria y recuerdan ahora los dictámenes de la CNE (que achaca al carbón, el Ministerio de Industria calcula que las primas a las renovables (que han cubierto el 35% de la demanda, seis puntos más que el año anterior y no lejos del 40% de objetivo en electricidad para 2020) se situarán en 2011 en 4.719 millones de euros y en la mesa de Sebastián pesan las cifras del informe de liquidación que Maite Costa le dejaba esta misma semana: las primas dedicadas al sector han pasado de 1.245 millones de euros de 2005 a 6.071 millones en 2009, lo que supone más que cuadruplicar esta partida en apenas cinco años.
Según los datos del Instituto de la Energía del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea que manejan las patronales, el atractivo solar está ya muy lejos. Alemania, líder de un mercado fotovoltaico internacional sigue creciendo por encima del 10% año tras año, con instalaciones en la primera mitad de 2010, estimadas en 3 GW y uno de cada dos nuevos módulos instalados en los últimos doce meses en el mundo, gracias al horizonte de las modificaciones de las tarifas de introducción del Acta de Energías Renovables (EEG) aprobadas a principios de julio del año pasado, y del ajuste previsto el 1 de octubre para promover el segmento de los tejados.

EL CONSUELO DE LAS PEQUEÑAS INSTALACIONES AL MODO ALEMÁN
El trío de grandes asociaciones del sector aboga por la fusión con otros sistemas renovables, como un sistema mixto eólico-solar o solar fotovoltaico-térmico, para obtener un mayor rendimiento a las placas solares fotovoltaicas, o por la energía solar fotovoltaica de concentración, que aprovecha la radiación solar con una eficiencia de un 40%, el doble que las convencionales. Pero sobre todo, la fotovoltaica, intenta facilitar la generación distribuida y abrirle a Sebastián el ‘melón’ del autoconsumo. Podría permitir al mercado -anunciaban desde mayo las asociaciones- crecer un 35% hasta 2020 y alcanzar 17.000 Mw.
Ahora, la legislación permite el autoconsumo aislado de luz procedente del sol y, por el contrario, obliga a que la electricidad generada en las 55.000 instalaciones censadas -la mayor parte, huertos solares- se vierta en la red por entero, sólo para venderla. Pero países como Alemania, Italia y Bélgica permiten que los particulares instalen paneles, utilicen la electricidad generada en sus propias necesidades y vendan el sobrante a la red, lo que conlleva emitir una factura adicional para los autoconsumidores en la que se reflejen los pagos o cobros que correspondan, ya sea la compensación por autoconsumo (cobro) o los impuestos y los peajes a la compañía distribuidora de electricidad (pagos).
Según los datos que maneja el sector español, “a mediados de la próxima década podrían llegar a la paridad de red, (antes en el Sur del país) será tan rentable usar la fotovoltaica para autoproducirse la electricidad que para comprarla”. Los particulares podrán autoconsumir entre el 60% y el 80% de su energía generada -y vender a la red sólo el excedente-, mientras las estimaciones para las industrias se reducen a entre el 30% y el 50%.El ministro parecía, hasta octubre tan receptivo a ese modelo que, después de los planes de su propio Idae- el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético- anunció que apuntalaba una nueva norma antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas, con un Real Decreto de Regulación de la Conexión a Red de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica de Pequeña Potencia. Pero la ‘tercera vía’ para la fotovoltaica sigue aún en la nevera de la negociación de Castellana 160, y con ella, la opción de una serie de normas que facilitarán el autoconsumo mediante la instalación, gestión y explotación de instalaciones de pequeña potencia cuya producción, tras cubrir los propios consumos, podrá venderse en el sistema.
Fuente ICNR (artículo completo)
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