Conclusión:
En definitiva, la secesión es una empresa peligrosa y difícil que conviene resolver en el marco general de la primacía del derecho, mediante negociaciones basadas en los principios que definen a un país, cuales, en nuestro caso, son el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y la primacía del derecho y la protección de las minorías. El elemento de activación de estas negociaciones sería la expresión de un apoyo claro a la secesión.
Estos son los principios sencillos que enuncia la Corte Suprema de Canadá y que pone en aplicación la Ley sobre la claridad para proteger los derechos y los intereses de todos los canadienses, particularmente de los quebequenses.Si los quebequenses renunciamos claramente a Canadá, con una clara mayoría y en respuesta a una pregunta clara sobre la secesión, los gobiernos tendrían el deber de entablar negociaciones sobre la secesión, que deberían llevarse a cabo dentro del marco constitucional canadiense, con el fin de llegar a un acuerdo de separación que sea justo para todos.
Independientemente de que estemos por la unidad canadiense o por la independencia de Quebec, debemos ponernos de acuerdo sobre un principio fundamental: un consentimiento expresado claramente. La secesión de Quebec del resto de Canadá sólo debe intentarse cuando los quebequenses la hayan apoyado claramente.
El ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí, más allá de las consideraciones de lengua, raza, religión o pertenencia regional. En cambio, la secesión pide a los ciudadanos que rompan este lazo de solidaridad que los une y que procedan así, casi siempre, sobre la base de pertenencias específicas a una lengua o a una etnia. La secesión es un ejercicio, raro e inusitado en la democracia, por el que se elige a los conciudadanos que se desea conservar y los que se desea convertir en extranjeros.
Una filosofía de la democracia basada en la lógica de la secesión no podría funcionar, ya que incitaría a los grupos a separarse en vez de entenderse y acercarse. La secesión automática impediría a la democracia absorber las tensiones propias de las diferencias. El reconocimiento del derecho a la secesión cuando se solicite invitaría a la ruptura desde el momento en el que se planteen las primeras dificultades, según divergencias que podrían crearse en función de atributos colectivos, como la religión, la lengua o la etnia. Ello no significa que un Estado democrático debe rechazar cualquier solicitud secesionista que se produzca en él. Ante la voluntad clara de secesión, el Estado puede llegar a la conclusión de que aceptar dicha secesión es la solución menos mala.
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Stéphane Dion, habla con extrema claridad sobre el tema de la secesión, no solo es un teórico, también un político pragmático y por encima de todo democrático, digno de escuchar y leer por muchas personas que se consideran altamente demócratas simplemente por estar a favor de la independencia catalana. Estas declaraciones proceden de una entrevista del 6 -7- 2003 por José Luis Barbería. ‘El País’.
‘’Hubo un momento en mi vida en que pensé que la condición de canadiense menoscababa mi identidad quebequesa. Luego, al comprobar y analizar el comportamiento del nacionalismo en el mundo, comprendí que era un error negar mi dimensión canadiense, comprendí que ser quebequés es ser canadiense y ser canadiense es ser quebequés.
En su país hay algo de eso, ¿verdad?, comunidades que no tienen el mismo estatuto que otras. En Canadá, como en Alemania o Suiza, sin embargo, no hay más que un único estatuto constitucional para todas las provincias, aunque en el plano lingüístico y jurídico Quebec tenga sus particularidades. Lo que pasa es que en la práctica se producen asimetrías. Hay provincias más ricas que contribuyen más a los fondos federales para financiar a otras más pobres, caso de Quebec.
Sólo el Gobierno de Canadá puede ratificar los tratados internacionales, pero esos tratados no se pueden aplicar si las provincias no están de acuerdo, y es difícil poner de acuerdo a 10 provincias, 3 territorios autónomos y al propio Ejecutivo federal, 14 jurisdicciones en total. Eso supone una negociación constante.
¿Por qué ha dicho que la dinámica secesionista es difícilmente conciliable con la democracia?
Por razones de procedimiento y por razones de índole moral. Respecto al procedimiento, no está nada claro quiénes deben votar. La secesión de una parte del territorio tiene consecuencias evidentes sobre el conjunto del país, así que podría hacerse valer el derecho a decidir de todos los electores de ese país. Supongamos que en una región de su país se descubre un pozo de petróleo o una mina de diamantes y que la población de esa región decide independizarse. ¿No tendrían todos los españoles derecho a pronunciarse? Habrá gente que diga que es una decisión que corresponde únicamente a los habitantes de esa región. Y entonces, ¿qué pasa si parte de esos habitantes quieren seguir dentro de España, si hay una subregión contraria a la secesión?’’
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Di
scurso de Stéphane Dion, Autor del libro ‘La política de la claridad. Discursos y escritos sobre la unidad canadiense’. Fundación Manuel Giménez Abad. Zaragoza, 10 noviembre 2005.
‘’Lo que pretendo fundamentalmente es que la democracia invite a los conciudadanos a aceptarse como tales en el seno de un Estado y no a transformarse en extranjeros. Los ciudadanos de una democracia están unidos por un principio de solidaridad o de lealtad mutua. Todos ellos deben prestarse asistencia más allá de cualquier consideración de raza, religión o pertenencia a una región. Por ello, todos los ciudadanos son, en cierto sentido, propietarios de todo el país, con su potencial de riquezas y de solidaridad humana. Ningún grupo de ciudadanos puede tomar la iniciativa de monopolizar la ciudadanía en una parte del territorio nacional, ni despojar a sus conciudadanos, contra su voluntad, de su derecho de pertenecer plenamente al conjunto del país. Todos los ciudadanos deberían estar en condiciones de transmitir este derecho de pertenencia a sus hijos. En un supuesto ideal, ese derecho nunca debería ser cuestionado en una democracia. Ésta es sin duda la razón por la que tantas democracias se consideran indivisibles.
Puesto que la lealtad establece un vínculo entre todos los ciudadanos por encima de sus diferencias, ningún grupo de ciudadanos en un Estado democrático puede apropiarse del derecho a la secesión bajo el pretexto de que sus atributos particulares, como la lengua, la cultura o la religión, le permiten optar al título de nación o de pueblo distinto dentro del Estado.
Nos encontramos aquí, sin duda, con la razón fundamental por la cual tanto el derecho internacional como la práctica de los Estados sólo reconocen el derecho a la secesión en situaciones coloniales o de violación manifiesta de los derechos humanos. En las circunstancias extremas en que un Estado se niega a tratar a un grupo de ciudadanos como ciudadanos y pisotea sus derechos de ciudadanía, entonces éstos, a su vez, tienen derecho a no considerarlo más como su Estado.
Tienen ese derecho, no debido a rasgos distintivos relacionados con la raza, la lengua o la religión, sino porque, al mismo título que los demás seres humanos, son portadores de un derecho universal a la ciudadanía. El hecho de saber que permanecerán juntos alienta a los ciudadanos a desplegar esfuerzos con miras a una cooperación activa y sincera, y a considerar esta cooperación a lo largo del tiempo, para las generaciones futuras.
En resumen, ¿por qué conservar unido un Estado democrático? Porque el principio de lealtad entre conciudadanos es esencial para la democracia. Ésa es, en mi opinión, la respuesta más universal y válida que se pueda dar en favor de la unidad nacional, por encima de las consideraciones nacionalistas. si bien la secesión no es un derecho en una democracia, sigue siendo una posibilidad que el Estado existente puede aceptar ante una voluntad de separación pacífica claramente manifestada. Es posible que la negociación de una secesión parezca como la menos mala de las soluciones posibles en caso de que una población manifieste claramente su voluntad de dejar de formar parte del país.
Pero justamente porque la secesión, es decir la transformación de conciudadanos en extranjeros, es una cosa grave, probablemente irreversible, que compromete pues a las generaciones futuras, sólo un apoyo claro de la secesión debería conducir a su negociación. Y precisamente porque una secesión sería algo sumamente complejo de negociar, que comportaría enormes riesgos, no podría efectuarse de manera unilateral, al margen del derecho.
Si un gobierno secesionista es lo bastante irresponsable para tratar de efectuar la secesión unilateralmente, al margen del derecho, el Estado existente debe mantener, pacíficamente, el orden constitucional y continuar cumpliendo sus responsabilidades hacia la población afectada, que continúa siendo parte del país existente y disfrutando de su ciudadanía. El hecho es que una secesión unilateral es impracticable en una democracia.
Si tuviera que resumir en una sola proposición, diría lo siguiente: un país tiene las mejores posibilidades de mejorar si todos los ciudadanos adhieren al principio de lealtad. Ese principio se enuncia así: «Pase lo que pase, optaremos por permanecer juntos». ’’