¿Un Plan Nacional?
Autor: Alan E. Vargas Lima (@alanvargas4784)Responsable del Blog Jurídico: Tren Fugitivo Boliviano
A tiempo de agradecer la gentil invitación del Director del Periódico Digital Oxígeno (@groveryapura), inicio mi columna bautizándola como “Apunte Legal”, porque quiero expresar mi punto de vista personal, refiriéndome a temas jurídico-legales que a todos(as) nos llaman la atención, a fin de encender la chispa del debate y la reflexión conjunta, que en todo tiempo es saludable.
En esta oportunidad quiero comentarles, que en mi reciente visita a la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, me encontré como novedad una publicación interesante: El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 – 2016, aprobado mediante Decreto Supremo Nº1362 de fecha 26 de septiembre de 2012, y flamantemente promulgado por la polémica “Presidenta interina” de cinco días, Lilly Gabriela Montaño Viaña. Más allá del debate legal que desató la inédita designación presidencial “interina”(no autorizada constitucionalmente), resulta interesante que nuestros gobernantes hubieran decidido preocuparse de planificar soluciones al tema de la in-seguridad ciudadana, de constante discusión y motivo de insatisfacción en muchos sectores de nuestra sociedad, por la ineficacia/insuficiencia de las políticas llevadas adelante hasta el momento.
En este sentido, debe considerarse que las bases legales de éste nuevo Plan, son principalmente: la Constitución Política del Estado, la Ley Nº264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la Ley Nº259 de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, la Ley Nº260 Orgánica del Ministerio Público, la Ley Nº263 de Trata y Tráfico de Personas, la Ley Nº1674 contra la violencia familiar o doméstica, la Ley Nº031 Marco de Autonomías, además de otros Decretos Supremos que se detallan en el documento. Adviértase que no existe relación de causalidad alguna entre mayor cantidad de leyes (causa) y seguridad ciudadana (efecto), lo que significa que no depende el uno del otro.
Un aspecto interesante, es la definición que se propone en el Plan: “La seguridad ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas, objetivas y subjetivas de todos/as los/as habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y una condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad boliviana”. Sobre esto, pueden existir diversidad de criterios, consonantes o disonantes con esta definición tentativa; sin embargo, lo que creo se debe resaltar, es precisamente el estado de situación de la seguridad ciudadana en Bolivia, que se muestra en el documento a través de cifras preocupantes. Así por ejemplo, los registros policiales de denuncias sobre hechos delictivos demuestran un incremento continuo de la actividad delictiva en el período 2005 – 2011, lapso en el cual las diferentes divisiones de la FELC-C, habrían atendido más de 26 mil denuncias, que representan el 78% de incremento de hechos delictivos en siete años. Específicamente, el 70% de las denuncias fueron registradas en tres departamentos (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), y el 30% en los seis departamentos restantes.
Los principales hechos delictivos, que poseen cifras alarmantes, tienen que ver con delitos contra la vida (homicidio, asesinato), cuya cantidad se ha incrementado en un 57% en los últimos siete años. Los delitos contra las personas (lesiones graves, gravísimas y leves, violación, abuso deshonesto) también se han incrementado en un 75% entre los años 2005 y 2010, con la salvedad de que el año 2011 ha presentado una disminución del 16% respecto al año anterior, según se analiza en este Plan Nacional, que además de presentar la situación objetiva de los delitos en nuestro país, identifica claramente otros factores como la situación de la inseguridad vial, los hechos de tránsito (que tiene como causa principal la imprevisión del/la conductor/a), la violencia intrafamiliar, la violencia social a través de las pandillas en Bolivia (cuyas actividades se desarrollan mayormente en la ciudad de La Paz), el excesivo consumo de alcohol, la lucha contra el narcotráfico (que se ha medido a través del número de operativos policiales desarrollados por la FELC-N, logrando destruir fábricas de droga, laboratorios y pozas de maceración), las emergencias y desastres, etc.; todo lo cual, inevitablemente incide en el aumento o disminución de los niveles mínimamente aceptables de seguridad ciudadana, que todos/as requerimos, para realmente tener “una vida segura”.
Un documento de indispensable consulta, sin duda, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 – 2016, a la hora de analizar y adoptar metodologías adecuadas para proponer soluciones al problema de la in-seguridad ciudadana en Bolivia, que no depende tanto de la formulación de sendos documentos y leyes, sino más bien de la voluntad de cada uno/a de nosotros/as para ser parte de la solución.
Columna de opinión publicada en el Periódico Digital Oxígeno (8 de octubre de 2012).
Disponible en: http://www.oxigenobolivia.com/o2/opinion/o2qid9539
Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Americas - 2012 Seguridad Ciudadana en Bolivia - Boletin CEPB - Marzo 2012