Aunque todos ellos eran conscientes a lo que se enfrentaban al impulsar un pulso al Estado de Derecho y optar por la franca desobediencia a la Constitucióny el Estatuto catalán, delitos calificados como muy graves en el Código Penal, la verdad es que, desde el punto de vista empático y político (tienen familia y son representantes de un porcentaje elevado, aunque no mayoritario, de la sociedad catalana que les votó), la contundencia de la respuesta judicial parece extremadamente dura. Tal vez es lo que merezcan por la tozudez de su desafío a la legalidad de este país, su insistencia en violentar leyes y normas para alcanzar sus objetivos separatistas y por empeñar sus trayectorias políticas y el prestigio y la estabilidad de Cataluña a la obsesión independentista a cualquier precio.
En cualquier caso, y sea como fuere, ya está toda la cúpula del llamado procés viviendo su semana de pasión bien en la cárcel, bien en libertad bajo fianza o libres provisionalmente sin fianza, o, incluso, como prófugos de la justicia española en diversos países de Europa, donde creen estar a salvo. De los 25 procesados por el Tribunal Supremo, hay siete fugados que salieron por patas en cuanto sintieron en la nuca el aliento de la Justicia, empezando por quien sigue insistiendo en ser considerado el presidente “legítimo” de Cataluña, Carles Puigdemont, que buscó refugio en Bélgica junto a Toni Comín, Lluís Puig i Gordi y Meritxell Serret, exconsejeros de su Govern. Otros que también prefirieron la condición de prófugos de la Justicia fueron Clara Ponsati, que recaló en Escocia, y Anna Gabriel y Marta Rovira, juntas pero no revueltas en Suiza. Los últimos encarcelados por el juez Llarena comparten ya barrotes con sus compañeros Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, Joaquim Forn, exconsejero de Interior, y los líderes de las organizaciones ultranacionalistas ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, todos ellos a recaudo, desde noviembre pasado, entre rejas. Otros nueve disfrutan de libertad provisional con o sin fianza. Y todos conocen ya los motivos de su procesamiento, los delitos de los que se les acusa y las pruebas periciales en las que se basa el juez para considerar sus delitos como muy graves, tanto como para que la mitad de los encausados esté en la cárcel.
El calvario de PuigdemontPero a quien le ha llegado la hora de sufrir un calvario es, precisamente, al expresidente Puigdemont, el primer fugado a Bélgica, país que no concede extradiciones por este tipo de delitos y en el que, durante casi cinco meses, podía sentirse seguro para intentar “internacionalizar” el conflicto, dando ruedas de prensa e impartiendo charlas casi a diario. En un supuesto exceso de confianza, cometió un fallo: se desplazó a Finlandia para participar en uno de sus habituales coloquios propagandísticos, circunstancia que aprovechó el juez para activar las órdenes de detención y entrega internacional. De forma presurosa, fue apresado en Alemania tras cruzar la frontera de Dinamarca en su intento de llegar a Bélgica por carretera procedente de Finlandia. Cabe la posibilidad de que el hecho fuera provocado adrede por el propio Puigdemont (podía haber regresado en avión en vez de por carretera) para meter presión a las autoridades españolas en esta semana de pasión para el independentismo catalán, incapaz desde el elecciones de diciembre de ponerse de acuerdo para nombrar un candidato que resulte elegido, conforme a la ley, presidente de la Generalitat de Cataluña.
La historia, es evidente, no ha acabado y surgirán nuevos y numerosos capítulos con los que se intentarán nuevos giros a la trama. Pero el final es previsible: sólo desde el acatamiento a la legalidad y el respeto a la Constitución se podrá recuperar la normalidad en el Gobierno catalán. De lo contrario, queda Artículo 155 para rato y convocatoria de nuevas elecciones. Y vuelta a empezar.