Tranquilos con el título de la entrada, que no estoy redactando ninguna carta al estilo de las que redactan algunos suicidas, al menos en los relatos de ficción...
Tan sólo es que no sabía como comenzar ni qué título ponerle a las reflexiones que me causan algunas aseveraciones que suele realizar un profesional que en los últimos tiempos está teniendo un gran protagonismo: el juez Emilio Calatayud.
De ahí ha pasado a tener una voz que tiene bastante autoridad a la hora de analizar los principales problemas que las familias con menores problemáticos tienen. Desde su blog y desde las redes sociales (donde se hace eco de las charlas y conferencias que suele impartir) es frecuente observar las manifestaciones que sobre estos problemas hace.
En ocasiones alude a la falta de límites parentales, en otras a los peligros de las redes sociales, en otras a la desatención familiar y social ante las necesidades o problemas de la infancia... Con mucha experiencia en asuntos de delincuencia, un poco de humor, bastante sentido común y un estilo directo y sin mucha diplomacia realiza afirmaciones contundentes que a muchas personas les parecen sorprendentemente útiles y atinadas.
Personalmente, a mí no me lo parecen. La mayoría son afirmaciones de perogrullo y bastante populistas y aunque muchas de ellas entran en contradicción con lo que yo entiendo sobre las problemáticas de la infancia y cómo abordarlas, hasta ahora tampoco me han parecido nunca peligrosas.
Pero si no peligrosa, sí bastante desatinada me ha parecido una afirmación que ha realizado últimamente. Basicamente ha venido a decir que, hay que quitar las ayudas a esos padres que fomentan que sus hijos no vayan a estudiar. Más concretamente sus declaraciones han sido:
"...a esos padres que fomentan que sus hijos no vayan a estudiar, les quitaba el PER, la ayuda familiar y el vivir del cuento. Si tú no cumples con tu obligación, que es llevar a tu hijo al colegio, por qué va cumplir la sociedad contigo…"
Podría escribir dos días enteros sobre estas manifestaciones, pues resumen de un modo muy grosero muchos de los tópicos y estigmas con los que en Servicios Sociales estamos peleando a diario. Yo no tengo ni de lejos la autoridad y prestigio de este juez, pero dado que también acumulo un buen número de años de experiencia, en los que he visto este tipo de manifestaciones bajo diferentes formas y cómo al final no sirven más que para generar más desprotección social, puntuaré en los principales de estos tópicos.
Pasaré por alto el de "fomentar que no vayan a estudiar", porque si alguna familia lo hace, me parece un problema complejo en el que hay una clara responsabilidad compartida entre muchos actores, no sólo la familia. Tal vez hablemos de ella en otra entrada.
Nos centraremos en el tópico más recurrido, ese de que los perceptores de ayudas sociales (me da igual el PER, un salario social o una prestación de desempleo...) son sospechosos de "vivir del cuento". Mano dura, por tanto, es lo que se merece esta gentuza.
Se les quitan las ayudas y así, "se portarán bien": llevarán sus hijos al colegio, no delinquirán, no generarán problemas convivenciales... Los que estamos obligados a trabajar con subsidios condicionados estaremos sorprendidos por el descubrimiento de este juez: ¡cómo no se nos ha ocurrido antes! Era tan sencillo...
El problema es que no veo cómo el incrementar la pobreza de una familia puede servir para solucionar ninguno de sus problemas, incluido el de la escolarización de sus hijos... A no ser que a esos niños que ven vulnerado su derecho a la educación les condenemos también al hambre y la miseria o bien les quitemos lo último que les queda (su propia familia) y les proporcionemos una institución o una familia sustituta donde pensamos que, sin duda, tendrán un futuro mejor que en la suya.
Creo que una persona con la autoridad y la responsabilidad de este juez debiera tener más cuidado con los mensajes que fomenta. En lugar de plantearnos a otros sistemas de protección social cuándo ni cómo hemos de trabajar con esos subsidios condicionados, preferiría que se mantuviera dentro de su propio sistema y ver cómo desde él se puede abordar ese problema de la escolarización y educación de los menores.
Yo le propondría, si fuera tan inconsciente como para meterme en su trabajo, que haga lo posible por incrementar las penas cuando los padres son condenados, o que diseñe sentencias imaginativas para ellos, igual que ha hecho con algunos adolescentes (igual puede condenar a los padres a asistir ellos mismos a la escuela, pongo por caso).
Pero no lo haré, porque tengo muy claro que cada zapatero ha de ocuparse de sus zapatos. En Servicios Sociales, bastante tenemos con los nuestros. Pero en el Sistema de Justicia, parece que les sobra tiempo con los suyos...