Con una sola excepción todos los cabecillas del golpe de Estado independentista de Cataluña niegan ante la justicia haber participado en él, alegando desconocer que sus ilegalidades estaban penadas con decenas de años de cárcel.
Unos responsables huyeron, como Puigdemont, pero los que quedaron, detenidos o no, mostraron una cobardía infantil ante el juez del Supremo Pablo Llarena condensada en los compungidos sollozos de la antes insolente Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento: “No me prenda, Señoría, que tengo nietecitos”.
La excepción se llama Mieria Boya, exdiputada de la anarquista CUP por Lérida, que perdió el escaño el 21D y que en su comarca del Valle de Arán obtuvo 147 votos, diez veces menos que Ciudadanos.
Fue la única separatista que admitió que la declaración de independencia en el Parlamento regido por Forcadell había sido real y no simbólica.
Como el magistrado no la mandó prender, parece querer que lo hagan: denuncia ahora que los atentados de Barcelona y Cambrils de hace seis meses, con 16 asesinados y ocho yihadistas muertos, fueron “terrorismo de Estado para frenar el independentismo”.
Añade que el imán de Ripoll Abdelbaki Es-Satty, muerto en la explosión de un día antes de los atentados en el chalé donde se preparaban, era agente del CNI, explotando así el protocolo del Centro Nacional de Inteligencia para que los yihadistas presos sean sus confidentes, y gracias al cual se han evitado numerosos atentados en España
El problema es que los yihadistas pueden usar la “taqiyya”, la mentira, para protegerse del infiel, lo que hizo Es-Satty si en algún momento se comprometió a colaborar con el CNI, algo que niega esta agencia.
La acusación de Boya exige una denuncia urgente de la Fiscalía contra esta nueva forma de yihad separatista.
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SALAS