Rustam Matsev es un abogado que trabaja en Nalchik, Kabardino-Balkaria, en el Cáucaso septentrional ruso. Es miembro del Colegio de Abogados de Karachaevo-Cherkessia, pero también trabaja en la vecina república de Kabardino-Balkaria, donde se ocupa de muchos casos de presunta tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Entre sus clientes suelen figurar personas acusadas de pertenencia a grupos armados.
El 31 de mayo pasado, Matsev tenía previsto un careo entre un cliente y un mando de la policía en un centro de prisión preventiva de Nalchik. Antes de la celebración del mismo, el mando policial le dijo que “dejara de enseñar a su acusado a mentir”. Se refería a una denuncia que su cliente había formulado contra la policía por secuestro, malos tratos y presentación posterior de falsos cargos penales contra él.
El mando exigió que el cliente de Matsev retirara su denuncia y accediera a ser juzgado por medio del denominado “procedimiento especial”, sesión a puerta cerrada en la que el acusado se declara culpable, accede a ser condenado sin una vista judicial plena y renuncia a su derecho de apelación.
Al negarse Matsev a ello, el mando policial lo amenazó, diciéndole que cuando llevaran a cabo operaciones de seguridad para “liquidar” a miembros de grupos armados, a lo mejor “bloqueaban” a los abogados de la misma forma. También le dijo que se cubriera constantemente las espaldas cuando fuera por ahí, porque la policía lo seguía y sabía todo lo que hacía. El abogado lo entendió como una amenaza de muerte y que iban a presentar cargos falsos contra él.
La república de Kabardino-Balkaria, como otras del Cáucaso septentrional, está afectada por las actividades de grupos armados que han efectuado en la región diversos ataques contra agentes encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios del Estado, así como contra civiles.
Ya en octubre de 2005, un grupo de varias decenas de miembros de grupos armados efectuaron en la capital, Nalchik, un ataque que causó numerosas víctimas en la policía y en otras fuerzas de seguridad, así como en la población civil. La respuesta ofrecida por los organismos encargados de hacer cumplir la ley a aquel acto terrorista fue la sistemática violación de los derechos humanos, como presuntas desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos a manos de la policía y de los responsables de las investigaciones, actuaciones que han sido duramente criticadas por las organizaciones de derechos humanos. Los juicios posteriores contra los presuntos miembros de grupos armados se han caracterizado por la violación del derecho a ser juzgado con garantías.
Diversos abogados que se ocupan de este tipo de casos en Kabardino-Balkaria y en todo el Cáucaso septentrional han sufrido hostigamiento, presiones e incluso agresiones de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Uno de ellos fuel Sapiyat Magomedova a quién intentaron acallar a golpes en 2011 y cuyo caso fue denunciado por Amnistía Internacional.
El pasado 20 de enero de 2012, Omar Saidmagomedov, abogado de Makhachkala, Daguestán y un cliente suyo fueron asesinados a tiros por unos agentes de seguridad en la puerta de su casa. Las autoridades manifestaron que el abogado y su cliente eran miembros de un grupo armado y habían opuesto resistencia armada a los agentes.
Sin embargo, colegas del letrado dijeron que tal acusación era infundada y que las autoridades la formularon para justificar el homicidio. Saidmagomedov era una persona que ejercía abierta y activamente su profesión y precisamente por ello lo mataron en opinión de sus colegas.
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