Durante dicha diligencia, puntualizó el juez José Benítez, se resolverá si 10 trabajadores rurales acusados por el fiscal enfrentarán un juicio oral y público y confirmará la propuesta de liberación de otros tres procesados.
De acuerdo con los abogados defensores, el hecho de que el fiscal sólo pudo acusar por tentativa de homicidio a pesar de las muertes y hechos menores demuestra su falta de pruebas y negativa a atender las presentadas por la comisión encabezada por un jurista español.
Además el fiscal, Jalil Rachid, quien fue recusado sin éxito por sus vinculaciones personales con el latifundista dueño de los terrenos ocupados por los campesinos, se basó únicamente en declaraciones de los policías participantes, negándose a incluir criterios de otros testigos.
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