La travestida Asamblea Nacional Catalana (ANC) no levanta el pie del acelerador. La organización que abandera el independentismo ha tocado a rebato al pueblo catalán (pueblo catalán=independentistas) para que, el próximo 6 de febrero, salga a defender la democracia (defender la impunidad=defender la democracia) que está en grave peligro en Cataluña.
Según la doctrina separatista, el 6 de febrero, no solo se abre juicio contra el expresidente Artur Mas y las consejeras Ortega y Rigau, sino contra todos aquellos que votaron el 9-N, es decir, contra el auténtico pueblo catalán según designio de Carmen Forcadell, actual presidenta del parlamento catalán. El pueblo catalán debe hacer una demostración de fuerza y, para ello, es necesario que a los cargos políticos se unan los funcionarios y trabajadores de aquellas empresas que apuestan decididamente por la independencia de Cataluña. Se necesita una multitud ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El gobierno de la Generalitat, por boca de la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda –Meritxell Borrás– ve normal y muy necesario que los funcionarios libren ese día para apoyar a Mas porque ‘lo que tiene fuerza y volumen es la voluntad de la gente’, afirma. Da miedo la clarividencia del soberanismo en general, y de la cúpula convergente en particular. Si la interpretación ‘masiana’ de una manifestación condujo al hundimiento del transatlántico CDC, ¿por qué se empeñan en su abisal torpeza?
Entiendo que para la consejera es normal que el lunes 6 de febrero no se impartan clases en colegios, institutos y facultades universitarias; que los ayuntamientos no atiendan a los ciudadanos que requieran de sus servicios; que se interrumpa el normal funcionamiento del transporte público de viajeros; o que no se garantice la seguridad vial. Es decir, que se interrumpa la normalidad de un día laboral. Entiendo más: ese parece ser el objetivo del gobierno de la Generalitat.
Sería un error minorar la gravedad de esta revuelta y dejarla sin respuesta. La convocatoria no es solo un acto de propaganda sino un ensayo para comprobar si, cuando llegue la ruptura, los separatistas son capaces de paralizar la economía catalana durante una semana, tal y como anunció Oriol Junqueras el 13 de noviembre de 2013. Otro, y no menos grave, sería pensar que el aspirante a Mesías, Carlos Puigdemont, no es capaz de firmar el decreto de proclamación de la República catalana. Tengan por seguro que lo hará si antes no se interviene la autonomía.
Finalmente, sería catastrófico equivocarse y pensar que no hay una multitud –la hay, aunque no sea mayoritaria– dispuesta a lanzarse al vacío. La estupidez humana no tiene límites. No confiamos la construcción de un puente o un edificio a nadie que no sea un profesional acreditado y, sin embargo, estamos dispuestos a permitir que unos visionarios conduzcan a millones de ciudadanos a la ruina.
¿Somos o no estúpidos?
José SIMÓN GRACIA
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