María Cappa La Marea La petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell es la mayor operadora del Delta del Níger, una región de Nigeria de 700.000 kilómetros cuadrados y con una población aproximada de 31 millones. Opera en el país desde mediados de los años 50 y, desde que comenzaron las exportaciones, en 1960, se han generado unos beneficios aproximados de 600.000 millones de dólares, repartidos entre las multinacionales petroleras y el Gobierno nigeriano sin que haya repercutido en sus ciudadanos. De hecho, el porcentaje de población pobre ha pasado del 28% en 1890, al 66% en 2000.
El reparto desigual de los beneficios que genera el negocio del petróleo en Nigeria no es su problema más grave. Shell también es la mayor empresa contaminante del país. En los últimos 50 años, según han estimado ONG que trabajan en la zona como Amnistía Internacional o Amigos de la Tierra, la compañía ha derramado entre 9 y 13 millones de barriles, un millón y medio de toneladas de petróleo, equivalentes a 20 veces la carga que llevaba el Prestige en el momento de su accidente (77.000 toneladas).
Pero Nigeria no es el único país contaminado por Shell. En agosto de 2011 derramó 216 toneladas de crudo en el Mar del Norte en la que fue considerada la peor catástrofe de contaminación en el Reino Unido desde hacía 11 años. En 2010 la justicia brasileña había condenado a esta compañía, junto con la empresa química Basf, a pagar 600 millones de indemnización a sus trabajadores, contaminados con sustancias tóxicas entre 1977 y 2002. En 1999 Shell vertió 5.000 toneladas de crudo en el Río de la Plata, Argentina, en el peor desastre ocurrido en agua dulce de la historia.
Shell contra los Derechos Humanos
Una de las primeras veces que la comunidad internacional fijó su atención en Nigeria fue a mediados de los años 90. Ongoni está habitada por unos 12 millones de personas que viven de la agricultura y de la pesca, como el resto del país. La petrolera angloholandesa ya operaba y contaminaba esta zona por lo que el pueblo inició una serie de protestas tan efectivas que en 1993 obligaron a Shell a detener su trabajo. El 10 de noviembre de 1995, en el contexto de la dictadura militar de Sami Abache, se condenó a muerte a los nueve activistas que habían encabezado las protestas, entre los que se encontraba Ken Saro Wiwa (hoy, símbolo de lucha de su país). En un juicio militar, sin posibilidad de defensa y acusados mediante pruebas y testimonios falsos, fueron declarados culpables por haber ejecutado una masacre en su comunidad durante los dos años anteriores.
En 2009, Shell fue llevada a juicio en Estados Unidos, como cómplice de estos asesinatos, bajo el amparo de la ley de reclamación por agravios contra extranjeros. Los demandantes acusaron a la petrolera de haber instigado, planeado y financiado la campaña de saqueos, violaciones, destrucción de la propiedad, torturas y asesinatos que tuvieron lugar en Ongoni entre 1993 y 1994 que, como se demostró, fueron perpetradas por el Ejército nigeriano. También se les acusó de facilitar las pruebas y testimonios falsos que sirvieron para dictar sentencia. En abril de este año, el tribunal estadounidense falló a favor de Shell, no por encontrarla inocente, sino por considerar que los vínculos entre esta empresa y Estados Unidos era demasiado tenues para ser juzgada bajo la legislación del país.
Condenas contra Shell
El primer organismo en condenar públicamente las acciones de Shell en Nigeria fue el Programa de Medio Ambiente de la ONU (PNUMA) en agosto de 2011. En su informe Enviromental Assesments Ongoniland, reconoció que Ongoni llevaba décadas expuesta a una grave y generalizada contaminación por petróleo que, además de dejar a la comunidad sin recursos para sobrevivir, generaba malformaciones, leucemia y muertes prematuras entre su población. Según los expertos que analizaron la tasa de contaminación en los pozos, esta superaba 900 veces los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Consideraron a Shell como responsable de los vertidos contaminantes y lo conminaron limpiar la zona de crudo, recuperar la tierra y el agua e indemnizar a la comunidad con 1.000 millones de dólares (aunque la compañía había ofrecido 50 bolsas de arroz, judías y tomates como compensación). Shell aún no ha satisfecho ninguna de las tres exigencias.
En diciembre del año pasado le tocó el turno al Gobierno de Nigeria. En una sentencia sin precedentes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) le declaró culpable, por unanimidad, por permitir que tanto Shell como el resto de petroleras del país contaminaran Nigeria. Esta actitud, según explicaron, viola los artículos 21 y 24 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos al no proteger los recursos naturales y el medioambiente del Delta del Níger. Finalmente, se condenaba al Estado nigeriano a endurecer las leyes y sancionar cualquier conducta que atentara contra los Derechos Humanos de su población. Por el momento tampoco han puesto en marcha ninguna medida.
Holanda, la sentencia más reciente
Para proteger a las comunidades de Oruma, Goi e Ikot Ada Udo, cuatro agricultores interpusieron una demanda en su representación contra Shell Holanda y su filial en Nigeria ante los tribunales holandeses. En materia de Derechos Humanos es más frecuente pero ningún país contempla en su legislación la posibilidad de juzgar a una de sus empresas por actividades contra el medioambiente fuera de su territorio, según explica Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra en España, una de las ONG que acompañó a los agricultores durante todo el proceso. De ahí la relevancia del caso.
La sentencia, que se dictó el 30 de enero de 2013, dio la razón a uno de los cuatro agricultores, dado que pudo demostrar la responsabilidad de Shell en los vertidos contaminantes de su zona, a pesar de que la petrolera se negó a aportar documentos sobre su actividad. La condena, igual que la del PNUMA, consistió en la obligación de limpiar y reparar la zona, además de una indemnización económica. Una condena que, igual que la del PNUMA, Shell aún no ha cumplido.
El caso de las otras dos regiones, la sentencia no fue favorable porque no pudieron demostrar la relación entre la matriz holandesa y la filial en Nigeria. La sentencia está recurrida y su resolución saldrá a principios de 2014. Mientras aguardan su resultado, Amigos de la Tierra ha comenzado una cibercampaña de presión social para tratar de obligar a Shell a cumplir con las obligaciones a las que está sujeta y que se haga responsable de los efectos de la contaminación que ya se ha demostrado que ha provocado.
Fuente original: http://www.lamarea.com/2013/08/22/shell/