Desde las últimas violaciones de niñas por el presunto pederasta de Ciudad Lineal de Madrid, detenido el pasado septiembre, no se repitieron en España crímenes tan odiosos.
Ahora, casi cinco meses después, y sin la ira que provocaba en caliente el repulsivo personaje, el 67 por ciento de los españoles apoya la prisión permanente revisable para irrecuperables, como seguramente será, y especialmente también para los terroristas yihadistas.
Un reciente sondeo de Metroscopia revelaba ese dato, y añadía que sólo se oponían a esa pena el 18 por ciento de los ciudadanos, una pequeña mayoría votantes de Izquierda Unida (53 frente a 47), y sólo la mitad de votantes del PSOE.
Es una pena que incluirá el Código Penal y que se aplicará a los peores delincuentes y a los yihadistas, como aprobó este jueves el Parlamento con apoyo de PP y PSOE, aunque este último afirma que la retirará cuando llegue al poder.
Una de las revueltas recientes de contra Pedro Sánchez de sus rivales derrotados en el PSOE, se debe a su aval a la enmienda legal por el peligro yihadista, el gran genocida contemporáneo.
Esa conducta, apelando a falsos derechos humanos, explica en parte la decadencia socialista, enquistada en el pensamiento antifranquista que hace de todo perseguido la víctima de una dictadura.
España lleva cuatro décadas de democracia homologable con las demás europeas, que mantienen sin complejos la prisión permanente revisable, que no es cadena perpetua, sino de duración relacionada con la voluntad y conducta del criminal.
La tesis falsamente progresista en contra de esta pena es que “renuncia a la reinserción y asume el fracaso de la sociedad para conseguirla”.
Sí, los verdugos del Estado Islámico o Al-Qaeda desean la reinserción, como Hitler, de vivir tras 1945.
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SALAS