Paseaba por una calle de Requena, Valencia, cuando una mujer se encontró una cartera tirada en el suelo. Emilia Soria, que así se llamaba, la abrió y se encontró con una tarjeta de crédito y su correspondiente DNI. Pensó que, dentro de su desesperación, con dos hijas a su cargo, en paro y sin ingresos, estaba de suerte. Y decidió ir al supermercado más cercano y comprar comida y pañales para las pequeñas. Con la tarjeta, gastó 193 euros. Luego, probó de nuevo, pero, al intentar a pagar los 250 euros de la factura, las cajeras sospecharon de ella y le denegaron la compra. Luego, se dirigió a otro hipermercado, y se dieron cuenta de que la tarjeta no era suya.
Emilia ha sido juzgada por lo penal y el juez la ha condenado a un año y diez meses de prisión, a una multa de diez meses, con cuota diaria de tres euros, por un delito continuado de falsificación en documento mercantil y otros seis meses de prisión por delito continuado de estafa, que sustituyó por seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad y 900 euros de multa. Emilia ya ha hecho servicios para la comunidad y ha pagado la multa, pero ahora está a punto de ingresar en prisión. “Estoy a punto de terminar los trabajos –explica al rotativo Las Provincias, cuando se le pregunta por su “delito”– porque barro por la calle y mis compañeros están muy contentos conmigo y la multa la voy pagando poquito a poco, conforme puedo, porque cobro 426 euros de una orden de alejamiento de mi ex marido. No tengo ningún antecedente ni he hecho nada más. Mi única culpa es la que aún estoy pagando”. Emilia decidió recurrir a la última opción que le quedaba para no entrar en la cárcel y poder continuar con su vida: pedir un indulto al Gobierno. Pero, el pasado 16 de enero recibía una notificación en su domicilio en la que se le comunicaba que, en dos semanas, debía proceder al ingreso voluntario en un centro penitenciario. Está dispuesta a cumplir un tercio de la condena, unos meses, pero son unos meses sin sus niñas y no sabe cómo se desarrollará su vida. “Me arrepiento todos los días y a todas horas –dijo en un programa de televisión–. Mi abogada cree que me van a dar el indulto pero la jueza no quiere esperar a que lo resuelvan y quiere que ingrese ya en prisión”.
Cientos de tuiteros han pedido el indulto y la plataforma web Change.org ha lanzado una recogida de firmas pidiendo al Ministerio de Justicia que la perdone. El miércoles pasado, Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, dirigía una carta al propio Alberto Ruiz Gallardón para pedirle “una intervención urgente que evite esta tropelía”. Y lanzaba una advertencia: “De otra manera, muy a mi pesar, y dentro de los cauces legales, me vería obligado a adoptar a título personal medidas que estoy seguro apoyarían muchos miles de ciudadanos”. La agrupación de IU de Requena se ha sumado a la petición de indulto y pide firmas. Afirma que Emilia “ha pagado su deuda con los 900 € de multa que le impusieron, además de los trabajos a la comunidad, y no ha vuelto a delinquir en ningún momento durante todo este tiempo”. Añade que es absolutamente indignante que una mujer vaya a prisión, el tiempo que sea, cuando ha enmendado sus fallos, “mientras tantos corruptos y tantos ladrones de millones de euros se salvan de las condenas, al tiempo que muchos de ellos están al poder de esta injusticia social en la que vivimos”. Para Ximo Puig, diputado y secretario general de los socialistas valencianos, “es incomprensible e incongruente que se dé el indulto a un kamikaze que ha acabado con la vida de una persona y que vaya a prisión esta mujer”. En su opinión, Gallardón “tiene que saber diferenciar, porque el caso de esta mujer es el tipo de indulto que hay que conceder”.