En octubre, el paro creció en 79.154 personas respecto a septiembre. En total, hay 4.526.804 personas inscritas en las oficinas de desempleo. Cifra que supera la que Mariano Rajoy encontró al llegar al Gobierno. Y a todo esto, la gran patronal del Ibex dice ahora que tiene un plan para crear 2, 3 millones de empleos. Si esto es posible ¿por qué no lo han puesto en práctica? Al fin y al cabo, ellos son los creadores de empleo según la doctrina neoliberal
El cinismo de las élites, ya sean políticas o empresariales, no parece tener límite. La gran patronal, tanto la de los empresarios corruptos incrustrados en la CEOE, como la que para obtener beneficios le basta ser monopolística y explotadora de recursos materiales y humanos, defiende por principio que el Estado no se inmiscuya en sus asuntos. Salvo en lo que respecta a los métodos represivos sobre el trabajador: leyes precarizadoras del contrato laboral y acción policial en caso de protesta.
Esa patronal paga sueldos suculentos a los teóricos de sus laboratorios de ideas y a los columnistas de la prensa salmón para que difundan una de las ideas fuerza del neoliberalismo: "el Estado debe abstenerse de toda acción política de fomento del empleo, porque el empleo lo creamos nosotros, los empresarios".
Uno de esos laboratorios de ideas o think tank es el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), sostenido por las 18 mayores empresas españolas. Entre sus ideólogos se encuentran los máximos responsables de Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Banco Santander, Repsol, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo Planeta, MAPFRE, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona e Iberdrola y el Instituto de la Empresa Familiar.
Esta distinguida grey se descuelga ahora con el feliz anuncio de que tienen un plan a través del cual sería posible crear empleo. Así lo afirma en su informe 'España 2018', un plan de choque con medidas de carácter económico e institucional que permita la creación de 2,3 millones de empleos hasta 2018, y la reducción de la tasa de paro por debajo incluso del 11%.
Y la pregunta del millón es: si ese plan es posible, y si ellos son, según la doctrina imperante, los creadores de empleo ¿por qué no lo han puesto ya en práctica? ¿Por qué no han hecho ya de su prerrogativa doctrinal y contratado, a través de sus empresas, a esos dos millones largos de personas. Nada de eso, ahora miran al odiado Estado y le lanzan la pelota.
Pidiéndole al Gobierno, entre otras medidas, que combata denodada y eficazmente la economía sumergida. Para ello, el CEC pide que se aumente el número de inspectores laborales, se incentive fiscalmente la transición hacia contratos formales, y se cambien las actitudes frente al fraude. Los empresarios sostienen que con estas propuestas se pueden aflorar 827.000 empleos sumergidos hasta 2018, lo que redundaría en una recaudación fiscal adicional cercana al 1% del PIB.
Según las pesquisas del CEC, 307.000 trabajadores cobran el desempleo aunque trabajan en negro y otros 275.000 empleos sumergidos corresponden a la inmigración ilegal. Estas cifras sitúan a España con tasas de empleo irregular que duplican las de países como Alemania, Francia y Holanda.
Y de nuevo, el observador se queda atónito: si estos dirigentes del CEC son capaces de identificar el número de empleos sumergidos es porque conocen a los empleadores que fomentan este tipo de prácticas. Luego son los empresarios los que deberían empezar por limpiar sus casas, y regularizar los contratos de estos empleados ocultos. Porque el primer interesado en disponer de un contrato de trabajo "en blanco" es el propio trabajador, para ver así reconocidos, entre otros, sus derechos de jornada, vacaciones remuneradas, indemnización en caso de despido y, por supuesto, su cotización a la Seguridad Social con vistas a la jubilación.