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El caníbal Milei ha modificado por DNU la ley nacional de inteligencia, disolviendo la AFI y volviendo a crear la vieja SIDE, con todos sus viejos vicios. Algo coherente con un gobierno que elevó a Menem al procerato, pero para nada coherente con una democracia republicana, porque no se tomaron el trabajo de discutir los cambios en el Congreso. No conforme con eso, menos de una semana después Milei dicta otro DNU, el 656 (completo acá en el Boletín Oficial) por el cual le asigna 100.000 millones de pesos (si: cien mil, no sobra ningún cero) a la SIDE, y se dispone que toda esa plata tenga carácter de fondos reservados. es decir, que no deba rendir cuentas ante nadie de su uso. No hay en el decreto la más mínima explicación de las razones por las que se dispone la medida, y por todos los fondos asignados tienen que ser secretos. Tampoco se dice nada respecto a por que se vuelve a apelar al DNU en lugar de darle al Congreso la intervención que corresponde, y cuáles serían las tremendas amenazas que se ciernen sobre el país, que justifiquen tamaña inyección de fondos secretos para el organismo de los espías. Milei tuiteaba contra el periodismo ensobrado al mismo tiempo que firmaba un DNU otorgándole a la SIDE 100.000 millones de pesos de fondos reservados. Más cínico no se consigue.

Todo ello perpetrado por un gobierno que acaba de obtener del Congreso la delegación de facultades extraordinarias en la ley bases para hacer con el Estado lo que literalmente le plazca, y que desde entonces lo ha clausurado, en términos prácticos.

No hace falta ser muy ducho para colegir que si no se dan las razones del decretazo, es porque no se pueden dar, al menos en público. Y tampoco hay que ser Sherlock Holmes para advertir que toda esa plata está destinada a un gigantesco fondo de reptiles para comprar periodistas, medios y realizar todo tipo de operaciones y carpetazos que nada tienen que ver con desarrollar labores de inteligencia para la defensa o la seguridad nacional.
Seguramente habrán quienes asocien el DNU al recalentamiento de la interna oficial entre Milei y la vicepresidenta Villarruel, como si a ella hiciera falta carpetearla para descubrirle secretos oscuros, cuando visitaba en la cárcel a Astiz y a Videla, y precisamente por eso la pusieron en la fórmula. Es más lógico en cambio asociar  la medida con la represión de la protesta social y de toda disidencia o cuestionamiento a las políticas oficiales.
Eso sería sin dudas más conteste con la innegable pulsión autoritaria del presidente, poco afecto a tolerar que se lo cuestione a él, a su visión ideológica o a sus políticas: el autoritarismo ha sido el rostro real de los autopercibidos liberales en la Argentina desde siempre, y Mileo no es la excepción.
Tampoco es descabellado pensar que el presidente dio este segundo paso hacia la construcción de un sistema estatal de espionaje a su medida porque cuando dio el primero -la disolución de la AFI y la creación de la SIDE- las reacciones del aro opositor fueron tibias, por no decir inexistentes. Y hasta acá, lo mismo ha pasado con este segundo decretazo, que marca que el anterior no estaba destinado a quedarse solo en los papeles.
La pregunta es cuando y con qué tema creerán los opositores -no hablemos ya de los "amigables", de los que nada puede esperarse- que es oportuno pronunciarse, o hacer algo al respecto para frenar la sostenida erosión del piso democrático que lleva a diario este gobierno autócrata; que tiende a fortalecer sus resortes de poder en estas cuestiones, al mismo tiempo que resigna el manejo del país a favor de la voracidad de los grupos económicos del país y del extranjero.
Aunque más no sea preguntar por qué es necesario que la SIDE tenga 100.000 millones de pesos en fondos reservados, o por qué para esos fines hay plata, y para el incentivo docente, subsidiar el transporte o pagar pensiones por discapacidad, no.

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