Tal vez piensan que enredando y obstaculizando el regreso a la normalidad democrática en Cataluña desgastan al Estado y acaparan la atención internacional. Ni una cosa ni la otra: Mariano Rajoy está encantado de la vida con el 155 que le está saliendo mucho mejor de lo que seguramente él mismo pensaba. Por su parte, los jueces y fiscales siguen haciendo su trabajo todos los días y en el ámbito internacional, las piruetas de Puigdemont y de sus seguidores me atrevería a decir que generan más bostezos que interés. El hecho que ha acabado con todos los términos empleados hasta ahora para describir la situación ha sido el pleno express de investidura convocado de prisa y corriendo por Roger Torrent. Al presidente del Parlamento catalán le bastó una ronda telefónica de contactos con los grupos parlamentarios para proponer para la investidura a otro candidato inviable. Eso a Torrent poco le importaba con tal de dar gusto a la estrategia de los partidos independentistas a los que se debe, olvidando su función institucional de garante de los derechos de todos los grupos de la cámara y no sólo los de su cuerda.
Después de que el juez Llarena de Supremo haya decidido esta tarde enviarlo a prisión por su implicación en el en el 1-O, Jordi Turull no podrá ser elegido mañana presidente de la Generalitat en una segunda votación. Eso sí, los independentistas ya han hecho de este santo varón un nuevo e irredento mártir al que venerar en el altar de la patria por conquistar. Añadan al martirologio secesionista a la secretaria de Ezquerra Republicana, Marta Rovira, que como el valiente Puigdemont y las heroínas que se fugaron con él, también ha optado hoy por huir de España aunque ella lo llame exiliarse, que suena como más revolucionario y dolorido. Con esta nueva payasada el PdCAT y ERC dejan claro que jamás han tenido intención de desbloquear la situación política sino de complicarla más si cabe y echarle un nuevo pulso al Estado. Aunque la CUP, tan exquisitamente integrista como siempre en su impostado ideario antisistema, les chafó en parte la jugarreta de investir un presidente que estaba a las puertas de la prisión, no creo que les haya importado mucho: ya se les ocurrirá algo en los próximos días que alargue la pesadilla cuanto más mejor. Lo más positivo de las últimas horas es que el reloj se ha puesto en marcha por fin: si en dos meses no hay presidente presentable desde el punto de vista jurídico, habrá que volver a las urnas. Ese escenario puede que no sea tan favorable para quienes hace tiempo decidieron ponerse el mundo por montera para avasallar aquello para lo que no cesan de pedir respeto: las normas democráticas más elementales.
En este laberíntico contexto, la crisis catalana hace tiempo que se ha convertido en un constante toma y daca exclusivo entre los independentistas y el poder judicial. El Gobierno del Estado, mientras, se limita a jalear a los jueces o a silbar a los independentistas pero siempre desde la barrera, como si esto no estuviera ocurriendo en España sino en un país imaginario y como si la idea fuera mantener el 155 per secula seculorum. En tres meses largos de bloqueo político desde las elecciones del 21-D no se ha atisbado el más mínimo signo de que alguien en algún momento y aunque fuera por error, sugiriera al menos de pasada la posibilidad de plantear algún tipo de solución política a un problema que, ante todo, es político. Total, para qué preocuparse de tal cosa si ya se encargan jueces y fiscales de hacer el trabajo del Gobierno. Si el enredo permanente de los independentistas ya no hay palabra en el diccionario capaz de calificarlo, la complaciente pasividad mostrada por Rajoy durante todos estos meses, también hace tiempo que dejó de tener nombre.