Sinde se sale con la suya

Publicado el 21 marzo 2010 por Basseta
Hace unos meses se levantó gran revuelo por la red de redes ante el proyecto del Gobierno que planeaba la posibilidad de cerrar una web mediante una simple orden administrativa, sin intervención de ningún órgano judicial. Por cierto, que todavía no me explico qué narices tiene que ver la "economía sostenible" con el tema de las descargas, pero lo cierto es que alguien decidió declarar la guerra a la SGAE y a la Ministra de Cultura de forma inmediata.
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectaban al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y divulgamos un Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, creándose un grupo en Facebook que tiene 227.137 miembros a día de ayer.
Desde el pasado viernes, la indignación se extiende de nuevo por la red como la pólvora tras conocerse que el Gobierno ha dado su visto bueno a la que ya es conocida popularmente como “Ley Sinde”, que supone un ataque directo al estado de derecho y un ejemplo de algunos parecidos entre España y cualquier república bananera. Mis amigos blogueros Logan y Lory hablan incluso de "alevosía y nocturnidad".
A lo largo de la legislatura, el Ministerio de Cultura viene desarrollando una política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacionales que dominan la industria cultural. Ahora, con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, el Ministerio pretende lograr lo que la SGAE no ha conseguido hasta la fecha en los tribunales, ni por la vía penal ni por la civil: el cierre de páginas web que incluyan enlaces para descargar obras a través de las redes de intercambio de archivos P2P, como pone de relieve mi compañero y amigo David Bravo en una carta que ha remitido al Consejo General del Poder Judicial, en la que afirma que esta Ley supone una burla a nuestro sistema judicial.
Curiosamente, una reciente Sentencia dictada por el titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona reconoce la legalidad de las webs que no ofrecen contenidos sujetos a propiedad intelectual, sino meros enlaces para descargar obras a través de las redes. Los enlaces constituyen "la base misma de Internet", señala la sentencia. Y añade que las redes P2P, "como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet", tampoco vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.
Los internautas tienen la sensación de que el poder político juega con los ciudadanos, utilizados el día de las elecciones y olvidados los 364 días restantes del año. Y cuando se habla de “poder político” no se refieren únicamente al partido en el gobierno, sino también al Partido Popular, que está ignorando todo el movimiento de protesta de la red al que en un primer momento parecía querer escuchar. Salvo un artículo de Jose María Lassalle, alto cargo del PP, en el que expresó una postura afín a las tesis de Sinde, nadie sabe qué postura oficial tiene el PP. Una vez más, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría callan hasta verlas venir, mientras el PSOE les hace el trabajo sucio.
No me explico que en el Siglo XXI siga vigente una forma de concebir la propiedad intelectual ligada al número de copias. En la era digital, esa forma de pensar hace agua por todas partes. La llamada "piratería digital" no causa una pérdida de empleos, España no es un “país de piratas” y las descargas no son el problema. Contrariamente a lo que nuestros políticos piensan, la cultura de este país estaría mucho, muchísimo mejor si sus contenidos fuesen el top absoluto de las redes de P2P a nivel mundial. Eso sería lo mejor que le podría ocurrir a la cultura española, como ocurre en Estados Unidos, porque cuando algo se descarga mucho, también se consume mucho, porque Internet supone mercados mucho más grandes, y porcentajes más pequeños de esos mercados mayores suponen potencialmente más dinero.