A pesar de esto, el Visitador General también mencionó que se necesitan más elementos para continuar con el avance de las denuncias; por ejemplo, dijo que “necesitamos el procedimiento administrativo de la Contraloría para tener listo el quebranto patrimonial, que es de donde nosotros pudiéramos partir, que efectivamente está constituido ese quebrando hacia el erario público. Yo considero aquí que a lo mejor los asesores victimales, propiamente los síndicos, que están encargados de cada una de las denuncias, están mal-informando al alcalde, y ese es el motivo por el cual él señale que hay lentitud; quiero decir que a lo mejor por ello les están proporcionando otra información diversa o no precisa”. De igual manera, comentó que en las denuncias es necesario que los asesores victimales y síndicos aporten todo lo que se necesite para esclarecer los hechos, ya que “se les establece a ellos como víctimas, pues cuentan con mucha información que nosotros no tenemos de primera mano, y meramente para establecer este tipo de situaciones, pues es necesaria con el sistema de justicia actual; el asesor victimal debe de ser activo y no pasivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos nos pueden aportar datos de prueba contundentes y no dejarle toda la carga al Ministerio Público; eso ya es del pasado”.
Camarillo Zavala agregó que, en cuanto el municipio realice la demostración del quebranto patrimonial, se podrá aportar información certera previamente analizada, y como procesos administrativos y penales son autónomos e independientes las pruebas que se puedan presentar podrían ser contundentes para alcanzar un progreso adecuado en cuanto a la reparación de los daños. Una vez más hizo énfasis en lo importante que son los asesores victimales, pues si llegan a considerar que hay omisiones en el proceso ellos mismos pueden acudir personalmente con un Juez de Control a presentar lo que ellos consideren datos de prueba; esto gracias a que la encargada de regular el equilibrio entre las partes es la autoridad judicial.
Adicionalmente aseguró que, por el momento, no se han llevado a cabo tutelas de derechos con el efecto de señalar que la FGE ha tenido omisiones en las investigaciones, y afirmó que no encubrirán a nadie por ningún motivo, sean servidores públicos, exfuncionarios o civiles (afiliados o no a cualquier partido político).