La directora general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Gloria Gutiérrez, resalta que "el Gobierno central ha impulsado esta modificación cumpliendo con el compromiso electoral del PSOE de intentar unificar todos los regímenes de la Seguridad Social, ya que los socialistas consideramos una injusticia que convivan varios diferentes, una situación que además, era un agravio especialmente para el epígrafe de los empleados del hogar".
Al respecto, Gutiérrez esgrime que con ello se ha querido también hacer un reconocimiento de una realidad social, ya que el desempeńo profesional de este colectivo, al aliviar de ciertas cargas domésticas a la mujer, ha favorecido su incorporación al mercado laboral". De hecho, la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, Ana Acosta Soler, calcula que "unos 9.000 empleados domésticos de las Islas pasarían a estar incluidos en el Régimen General".
En este sentido, Clodoaldo Corbella, miembro del área de Economía Sumergida de CCOO-Canarias asevera que "el principal escollo para ello es que el centro de trabajo para los empleados del hogar es un domicilio particular y ahí los inspectores no pueden acceder de la misma manera que en el caso de una empresa". Esto, a juicio de la responsable confederal de la Secretaría de la Mujer de IC, Marta Jiménez Jaén redunda en la indefensión del trabajador y da más margen al empleador para poder incurrir en una ilegalidad".
Acosta reconoce que "conforme a la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo (Ley 42/1997), en su Artículo 5, dentro de las facultades de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social para el desempeńo de sus competencias, está el entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, pero si éste coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberán obtener su expreso consentimiento o una autorización judicial". Por tanto, en numerosas ocasiones se ven imposibilitados para desarrollar con éxito las inspecciones con relación a éste colectivo".
No obstante, enfatiza que "la Inspección de Trabajo da trámite a todas las denuncias que se presentan, y pese a estas dificultades, en caso de constatarse una ilegalidad inicia el oportuno procedimiento sancionador".
Sobre este punto detalla que prácticamente el 99% de las irregularidades en este segmento profesional se relacionan con faltas de altas en la Seguridad Social, un hecho que, si se tienen en cuenta los obstáculos para la inspección y que a veces al propio empleado, por miedo a perder su puesto de trabajo, permite esta situación, provoca que lleguen muy pocas denuncias a la Inspección de Trabajo. No en vano, a lo largo de 2009 se levantaron nueve actas de infracción por este motivo relacionadas con empleados del hogar en el Archipiélago, una más que durante el ejercicio pasado, mientras que en lo que va de ańo apenas se han iniciado dos procedimientos sancionadores, "una tendencia que es similar al conjunto del país", apostilla Acosta.
El secretario de Cohesión Social de UGT Canarias, José Ángel Ramírez, aclara que "a pesar de ello, el 70% de los empleados del hogar de las Islas que se encuentran en la economía sumergida preferirían tener un contrato, tal y como refleja un estudio realizado por nuestro sindicato, frente a otros sectores de actividad en los que toleran más este tipo de prácticas". A su modo de ver, "esto se explica porque al proceder generalmente de ocupaciones con salarios muy bajos, les es más rentable seguir cotizando para garantizar una pensión en el futuro que alternar un trabajo en negro con las prestación por desempleo". Por tanto, afirma que "el problema viene fundamentalmente por la parte del empleador que no quiere asumir la responsabilidad que le exige el marco jurídico".
En otro orden de cosas, revela que del informe de UGT se desprenden datos tan espeluznantes como que seis de cada diez empleados del hogar confesaba que cobraba menos de 5 euros por hora". En esta línea, comenta que "el precio de la hora debería ir en consonancia a las tareas asignadas y las peculiaridades de cada hogar, pero como mínimo se debería cobrar la cantidad proporcional al salario mínimo interprofesional".
Las estimaciones del peso de la economía sumergida en este colectivo profesional varía entre los 700.000 y el millón de personas, para el global nacional, dependiendo de la administración o la organización consultada, mientras que en el caso del Archipiélago se sitúa en torno a los 25.000, lo que, según recalca Corbella, "supone un 30% del total de la economía sumergida en las Islas".
El portavoz de CCOO lamenta que la nueva normativa no lleve aparejado un mecanismo para ejercer un mayor control sobre esta actividad, pero entiende que "un factor que será vital para hacer aflorar muchos casos de economía sumergida será el aumento de las sanciones a las empresas que incurrieran en esta ilegalidad, cuyo tope ha pasado de 626 euros hasta unos 3.000".
Por su parte, Ramírez incide en que "aunque la nueva ley se está vendiendo como la panacea por parte del Gobierno, este colectivo aún queda en una situación de desamparo en muchas coberturas como la seguridad laboral, al no tener pactadas en el sector las mutualidades", algo a lo que también alude la portavoz de IC, que arguye que "sería muy importante que en los contratos se especifique muy detalladamente las obligaciones de la parte empleadora en cuestiones como salud laboral ya que estos trabajadores suelen manejar líquidos peligrosos, se suben a escalaras, etcétera".
Por último Jiménez seńala que, en vez de limitarse a las bonificaciones en las cuotas que les corresponda abonar a las familias numerosas, "para que esta ley tenga éxito sería necesario que a las personas contratantes se les apliquen las mismas políticas para el fomento de creación de empleo que se les conceden a las empresas, desde ayudas y subvenciones hasta desgravaciones fiscales".