Muy acertado y clarificador el artículo que Jesús Sánchez-Quiñones publicaba la semana pasada en El Confidencial, en el cual se abordaba el tema de la austeridad y sus connotaciones más o menos perversas, apuntando que “la austeridad en el gasto para las familias no es una opción, sino una necesidad ante la reducción de los ingresos o el aumento de los impuestos.”
Algo que siempre nos ha parecido evidente, los gastos no pueden rebasar los ingresos, se ha convertido en motivo de debate y discusión entre académicos, políticos y personajes varios. En este sentido, los agentes del sector privado, familias y empresas, son muy conscientes de que no pueden vivir en una situación de déficits recurrentes, sino que debe ser algo excepcional y sustentado por cuestiones coyunturales. Algunos estados y, por consiente, algunos partidos, no lo tienen tan claro, llegando a afirmar que los déficit son un derecho.
Como economista entiendo que las finanzas públicas tienen sus particularidades concretas, por ejemplo, cuando se analiza la viabilidad de una carretera o un parque, se modeliza una función matemática aplicando cuestiones como el bienestar futuro o el potencial incremento en la salud de la ciudadanía, de modo que la ejecución o no del proyecto se considere teniendo en cuenta estos parámetros. Es decir, que en la administración no solo se consideran datos monetarios para planificar y elaborar un presupuesto de gasto. Sin embargo, el derecho a gastar más de lo que ingresas de forma reiterada es completamente insostenible y absurdo.
Asimismo, Sánchez-Quiñones indica que “el déficit de un año se suma al nivel de deuda existente al inicio del año, de tal forma que mientras haya déficit el nivel de deuda seguirá aumentando”, y con él, los problemas vinculados a una estructura financiera escasamente capitalizada.
En el caso particular de España, la ratio déficit/PIB nos proporcionará un alivio, debido fundamentalmente, al incremento del PIB, no obstante, no podemos olvidar, que los ajustes de gasto son necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema y permitir un crecimiento sostenible en el medio y largo plazo, además de que cierto nivel de ahorro permite encarar ostentosas inversiones en capital que no podrían realizarse exclusivamente con deuda.