Sobre la imputación de la infanta Cristina.

 La documentación que el juez José Castro, instructor del caso Nóos, está consiguiendo sobre Cristina de Borbón, confirman que la infanta Cristina es diferente del resto de los mortales. Nos enteramos de que la hija de los reyes, al contrario del resto de los españoles, la mayoría de los cuales sufren las nefastas consecuencias del paro, no sólo se mantiene al pie de la La Caixa como directora del Área Social de la Fundación, sino que su sueldo es uno de los pocos que no ha bajado. Su remuneración ha crecido sin parar en un 200% durante estos años, en plena crisis económica y de recortes salariales. En efecto, el salario de 83.000 euros brutos anuales que la hija menor del rey cobraba en 2004, se ha convertido en 238.000 euros por el trabajo que ahora desempeña en Suiza. La Agencia Tributariaremitió la documentación reclamada por el juez el pasado mes de agosto sobre los cobros y pagos que doña Cristina realizó con terceras personas, para comprobar si el origen y destino de esas operaciones fue la mercantil Aizoon S.L., propiedad al 50% de la Infanta y de su esposo, Iñaki Urdangarin. Y está reuniendo nuevas pruebas antes de decidir si imputa de nuevo a la duquesa de Palma por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Un portavoz oficial de La Caixa aseguró al diario digital El Confidencial que, desde 2010, todos los cargos directivos de la entidad tienen congelado el sueldo, aunque la Infanta ha tenido un incremento salarial del 0,4% en los últimos tres años. El mismo portavoz desmintió rotundamente, como han apuntado diversos medios, que La Caixa vaya a sufragar los gastos del alquiler de la vivienda que Doña Cristina ocupa en Ginebra y de la escolarización de sus cuatro hijos, que ascienden a unos 200.000 euros anuales. Todos ellos ya han comenzado el curso en el prestigioso centro escolar Ecolint de Ginebra, cuyo coste global se eleva a 120.000 euros anuales. A esas cantidades, que supuestamente serán pagadas por la Infanta y su esposo, hay que sumar los 60.000 euros anuales del alquiler de un ático en el exclusivo barrio de Florissant. Otros 300.000 euros, con cargo a las arcas del Estado, serán destinados a sufragar el dispositivo de seguridad de la familia Urdangarin-Borbón en la ciudad suiza. O sea, que el “capricho” de la infanta nos costará a todos un ojo de la cara
Bien es cierto que la Audiencia de Baleares suspendió el pasado mes de mayo la imputación de la infanta, pero dejó la puerta abierta a una nueva imputación por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo. La resolución de la Audiencia advertía que la hija del Rey “debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda”. Y concluía que doña Cristina “pudo haber convocado junta de la sociedad y revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la situación tributaria, pero no lo hizo”.  
El año pasado, Diego Torres, quien, en otro tiempo fue socio de Iñaki Urdangarin,advertía que tenía en su poder “200 correos electrónicos comprometedores” con los que podía “cargarse la Monarquía”. Según el entorno de Diego Torres, hay mensajes que son “bombas atómicas” y que demostrarían la participación de la hija del rey en los negocios presuntamente ilegales de Nóos, haciendo “inevitable” la imputación de la infanta. Recordemos que la infanta es la única de las cinco personas de la junta directiva de Nóos que no está imputada en este caso. Diego Torres confirmaba que los dos matrimonios –el suyo y el de la infanta– cenaban cada quince días para hablar de cómo iba todo en Noos. “Lo sabía todo y se llevó el dinero –afirmó Diego Torres a su círculo más próximo, según publicó El Confidencial–. E incluso colaboró en la captación de clientes y en el cobro de las deudas pendientes: 100 corporaciones, 100 instituciones públicas o semipúblicas, 100 pymes, 100 ayuntamientos, y organizó jornadas de trabajo: conferencias en Barcelona, Madrid, y cenas y desayunos de trabajo”. Este mismo medio recuerda que ella “asistía a las reuniones, aprobaba los acuerdos y cobraba parte de los beneficios de Nóos a través de Aizoon, de la que poseía el 50%. Pensar que no se enteraba de nada es considerar que es una persona carente de la más mínima voluntad e inteligencia”.
La infanta Cristina firmó de su puño y letra el contrato ficticio de alquiler de su palacete de Pedralbes a su sociedad instrumental Aizoon, según publicaba este martes el periódico El Mundo. La Agencia tributaria aportaba al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca esta nueva prueba que confirma, según Diariocrítico, “su implicación indirecta en la gestión de la trama, al tiempo de situarla en el epicentro del fraude fiscal y del blanqueo de capitales”. Este mismo diario titulada: “La infanta, al borde de la imputación, al alquilarse a sí misma el palacete”, detallando que “se pagaba a sí misma 12.000 euros del dinero público que recibía de Nóos”, además de que “generaba, al mismo tiempo, gastos falsos”. Hace una semana, el periódico El Mundo publicaba una nueva entrega sobre los gastos que la infanta Cristina y su familia acometían con dinero que procedía de Aizoon, la sociedad creada por Urdangarín. La Policía asegura, según este periódico, que, “en 2005, doña Cristina se gastó 148.000 euros de origen público en muebles y cortinas” para el palacete de Pedralbes. El rotativo considera que “se trata de un indicio más del presunto blanqueo de capitales llevado a cabo en la reforma de la casa de Pedralbes y que podría acabar con su imputación”. Y El Mundo recordaba otros abultados gastos de la pareja: “En 2009, ya con el país en crisis, abonaron a Air France 20.000 euros por diversos viajes; en 2010, un total de 9.000 a Delta Airlines; 7.200 a Lufthansa en dos meses, en 2007; y un largo etcétera en el que se incluyen Spanair y otras aerolíneas españolas”.