Otra semana latinoamericana sui géneris.
El pasado miércoles 7, el entonces presidente constitucional Pedro Castillo Terrones se desconstitucionalizó con un autogolpe de Estado justificándolo por "la situación como 'intolerable' y en atención al 'reclamo ciudadano'", al anunciar "establecer un gobierno de excepción [...] disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional", convocar en el "más breve plazo" a elecciones para un Congreso con facultades para elaborar una nueva Carta Magna y determinando que "a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la república se gobernará mediante decretos ley", lo que complementó con toque de queda a nivel nacional y la reorganización del sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal para "enrumbar a Perú".
A pesar de este panorama, cuatro gobiernos latinoamericanos elegidos democráticamente: el de Gustavo Petro de Colombia, el de Andrés Manuel López Obrador de México, el de Alberto Fernández de Argentina y el de Luis Arce de Bolivia adujeron "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de [...] el Presiente (textual) Castillo Terrones [...] víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [...] para luego ser objeto de un tratamiento judicial [...] violatorio del artículo 25 de la mencionada convención" y deja un cierre sofista de "abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio".
La solución: adelantar para 2023 a brevedad las elecciones generales -presidenciales y congresales- respetando los procesos constitucionales. A fin de cuentas, Sagasti como presidente transitorio las puedo convocar y solucionar en ocho meses; quizás Boluarte no es el árbitro idóneo para ello.
https://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/constituciones-peru.htm