Pese a las protestas y campañas, la clase política española está atrincherada en sus privilegios y no quiere renunciar al dinero público abundante que recibe. Es una actitud inmoral, indecente y antidemocrática, reflejo claro que la baja calidad de la mal llamada "democracia" española.
En medio de una feroz crisis económica que está llenando España de desempleados, nuevos pobres, empresas cerradas, tristeza e impuestos injustos y abusivos, los partidos presentes en la Cámara Baja se acaban de repartir ayudas por 20,8 millones de euros. Amaiur, el partido de los etarras, ingresó casi 150.000 euros en subvenciones por los 19 días que estuvo en el Congreso, en el año 2011, en concepto de "gastos de funcionamiento ordinario" de las fuerzas políticas. Lo recibido es apenas un anticipo porque el coste final de los partidos y sindicatos a las arcas públicas supera con creces los mil millones de euros al año.
No existe en estos momentos en toda España un escándalo más inmoral y antidemocrático que las subvenciones públicas a los partidos políticos, sindicatos y patronal, cobradas en contra de la voluntad popular, lo que las convierte en ilegítimas. Mantenerlas en contra de la opinión pública y de la voluntad ciudadana le está costando al gobernante Partido Popular y al propio Mariano Rajoy un desgaste intenso, mucho más rápido que el que padeció Zapatero en el inicio de su gobierno.
En las democracias avanzadas, los partidos y los sindicatos no reciben subvenciones y sobreviven gracias a las cuotas de sus afiliados. En países como Estados Unidos, recibir dinero público es considerado como una mancha y las subvenciones están prohibidas para fundaciones e instituciones de interés general.
Pero España es el paraíso de la injusticia y del abuso de poder. En contra de la voluntad popular, que debería constituir un mandato en democracia, el actual gobierno de Rajoy se ha empeñado en que los ciudadanos, a los que ya se les cobran los impuestos más altos y desproporcionados de toda Europa, sigan manteniendo a los partidos políticos y sindicatos, instituciones odiadas por la ciudadanía, que figuran en las encuestas como el tercer gran problema de la nación.
Mantener esas subvenciones en contra la voluntad popular puede considerarse pura "opresión".