Revista Salud y Bienestar

Sus señorías, año 2021 es el momento de eliminar definitivamente los desahucios

Por Pedirayudas @Pedirayudas

El 14 de abril, el Gobierno anunció una nueva prórroga durante tres meses del escudo social de vivienda para prohibir los desahucios y proteger los alquileres. Así lo anunció el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que explicó que las iniciativas contempladas en "los últimos reales decretos leyes" en materia de desahucios y contratación de alquiler de vivienda seguirán vigentes más allá del 9 de mayo, día en el que decae el estado de alarma.

Frenar los desahucios

Además, el pasado mes de marzo se publicó que, David Lucas, secretario general de Agenda urbana y Vivienda del ministerio que dirige José Luis Ábalos, y Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030. Dependiente de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, habían pactado un acuerdo para frenar los desahucios sin alternativa habitacional al que podrán acogerse personas en situación de vulnerabilidad en nuestro país.

Este acuerdo trata de incorporar a la ley de Vivienda una protección contra los lanzamientos sin alternativa a sectores sociales desprotegidos, de naturaleza similar al instrumento que está en vigor durante el estado de alarma para proteger a los más vulnerables durante la pandemia. Esta protección seguiría en vigor, de aprobarse la ley, indefinidamente una vez superada la crisis sanitaria.

Informe preceptivo de servicios sociales

Los juzgados estarán obligados a solicitar un informe preceptivo a los servicios sociales, en los procesos de desahucios.

Serán pues los servicios sociales los que, en último término, determinen si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa de vivienda digna. Aunque sea de carácter provisional, antes de que el juez pueda dictar el lanzamiento.

En un principio, y tras leer información como la que abre nuestro artículo, podríamos pensar que el Gobierno está tomando cartas en el asunto, y busca proteger a las personas en riesgo de exclusión ante la perdida de su vivienda por un desahucio. Sin embargo, si entramos un poco en materia, podemos comprobar fácilmente que estas medidas resultan insuficientes. Ya que las familias que se quedan sin hogar en nuestro país no son casos aislados.

Los hogares más vulnerables siguen aumentando el nivel de precariedad. Muchas familias sufriendo a la espera de que lleguen el juzgado y la policía a ponerlos en la calle. Mientras que ninguna Administración Pública parece capaz de ofrecerle una alternativa adecuada, digna y con un horizonte temporal suficiente que les pueda permitir salir de la vulnerabilidad.

Los desahucios continúan

En los meses de confinamiento, tras el primer estado de alarma, aproximadamente el 90% de los juzgados estuvieron cerrados. Por lo que apenas hubo lanzamientos, sin embargo, tras los meses de máximo confinamiento, los desahucios continuaron su curso.

Como ejemplo, podemos recurrir a un informe publicado por la unidad anti desahucios del Ayuntamiento de Barcelona. El cual destacaba tener conocimiento de 443 órdenes de desalojo en la ciudad entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre de 2020. Como resultado, cuantificaba en 1.211 las personas en situación de vulnerabilidad afectadas, entre las cuales había 463 menores.

Además, se vislumbró un cierto "cambio de actitud" en la línea que apuntaba el informe, que hablaba de una "desproporcionada presencia policial". "Estamos viendo prácticamente cada día dispositivos propios de una redada contra el narcotráfico para desahuciar a familias vulnerables". Es decir, no solo se estuvo desahuciando a familias vulnerables durante la pandemia, si no que el acto en sí, se realizaba con mayor presión y cada vez menos humanidad.

Plataforma de afectados por la hipoteca

Desde la Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH), denunciaron que, desde el comienzo del estado de alarma, el confinamiento, y las primeras medidas de protección aprobadas por el gobierno, insistieron en que no estaban suspendidos todos los desahucios.

Gracias a la presión y la denuncia, en diciembre de 2020, consiguieron que el gobierno aprobara dos nuevos reales decretos ley. Los cuales aumentaban la protección de las inquilinas, al tiempo que dejaban desprotegidas de los efectos de la COVID-19 a las familias hipotecadas. Lamentablemente, llegaban tarde para muchas familias que, de haberles hecho caso antes el gobierno, no se habrían visto desahuciadas.

Y es que, en 2020, hubo 29.406 desahucios, de los cuales, 6.915 fueron derivados de ejecución hipotecaria; 21.145 derivados de alquileres, y 1.346 por otras causas.

Se puede considerar que estas cifras son escandalosas, teniendo en cuenta que en el periodo de marzo a junio no hubo actividad judicial.

Ineficacia del decreto anti desahucio

Varios expertos y agentes relacionados declararon que, según la experiencia que estaban teniendo, la mayoría de suspensiones se producían no por este decreto, sino por la vía que ya existía. Esta vía se trata de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en marzo de 2019 impuso una suspensión temporal del lanzamiento cuando los servicios sociales acreditan la vulnerabilidad del inquilino.

Pero superado el plazo previsto (de uno o tres meses, en función de si el propietario es un particular o una empresa), el desahucio puede ejecutarse igualmente, pese al estado de alarma.

Problemas y posibles soluciones

Parece que, el groso de los colectivos relacionados, coinciden en la base del problema. E indican que es la falta de alternativas para quienes no pueden hacer frente al pago de una casa en el mercado libre. Y es que, construir más vivienda social requiere un tiempo, y la discrepancia es qué hacer mientras tanto.

Los sindicatos de inquilinos insisten en usar los inmuebles que están vacíos o impedir la conversión de viviendas en pisos turísticos. Sin embargo, esto, que al parecer resulta una solución a corto plazo, está muy lejos de ser utilizada.

Según la PAH, la futura ley de Vivienda debe incluir estos 7 puntos:
  • Garantizar el Derecho efectivo a la Vivienda.
  • Suspender todos los desahucios de familias o personas vulnerables sin vivienda alternativa
  • Crear un Parque Público para vivienda en alquiler asequible y social.
  • Garantizar el acceso a los suministros básicos, incluidas las telecomunicaciones.
  • Desarrollar mecanismos de segunda oportunidad real para deudores hipotecarios.
  • Ampliar la asignación presupuestaria para vivienda. A la que se debe destinar también una parte de los Fondos Europeos de recuperación.
  • Crear fórmulas de participación ciudadana en el desarrollo de futuras políticas de vivienda.

La okupacion como consecuencia de la falta de alternativas habitacionales

El tema de los "okupas" resulta siempre polémico y complicado de enfrentar, y en los últimos meses, ha estado muy presente en los medios de comunicación. Las medidas adoptadas en los últimos años para paliar esta situación han resultado manifiestamente ineficaces. Por lo que se reclama el buscar alternativas para que los propietarios no vean atacados sus derechos.

Es conocido que, una vez una vivienda se okupa, comienza un camino largo y complicado para que los propietarios recuperen su vivienda. Es cierto que la okupacion resulta un acto delictivo, que vulnera los derechos de la persona propietaria, y que le ocasiona pérdidas materiales y económicas. Y es por ello que las medidas para solucionar estas situaciones deben ser más eficientes y rápidas de lo que son ahora.

Sin embargo, quizá debamos mirar más allá, y comprender, que la okupacion no es más que una consecuencia más del sistema de vivienda de nuestro país. Por el cual resulta muy complicado poder acceder a una vivienda para muchos sectores de población.

Movimiento Okupa

El movimiento okupa se define como un movimiento cuyo lema es garantizar el derecho a la defensa de aquellos ciudadanos a los cuales se les hace difícil el acceso a una vivienda digna y, asimismo, procurarse una. Este mismo principio aplica para locales comerciales. Una vez ocupada la vivienda o local, los okupas suelen utilizarlos como sede de organizaciones culturales, políticas y sociales dirigidas a seguir fomentando sus principios.

Todos tenemos la imagen en nuestra mente de los típicos okupas desaliñados, que se mueven en grupos grandes, sin oficio ni beneficio. Los cuales okupan por que no quieren pagar por una vivienda. Y ese puede ser un porcentaje de los casos, pero no su totalidad.

Sin opciones

Y es que nos olvidamos de las familias que no ven más opción que okupar una vivienda vacía para poder tener un techo, y que, normalmente, tienen menores a su cargo. Familias que quizá ya han sido desahuciadas de su vivienda habitual por imposibilidad de pago. Hogares que han perdido sus empleos, y que no pueden acceder a viviendas sociales, ni viviendas de libre mercado. Debido a los elevadísimos precios que, aún no se consiguen regular.

No se trata de estar a favor o en contra de la okupacion, se trata de ver más allá, y comprobar los motivos por lo que este hecho se produce. Y tener en cuenta que, si estas personas okupan sea cual sea su motivación, por más que se endurezcan las leyes y desalojen las viviendas okupadas, van a seguir okupando otras.

Priorizar una Ley que garantice de manera plena y real una vivienda digna

Quizá el Gobierno debería priorizar una Ley que garantice de manera plena y real una vivienda digna, y mayores facilidades para personas en situación de vulnerabilidad.

  • Que las alternativas habitacionales existan, que el precio del alquiler se regule, y se establezca en concordancia a los salarios que obtenemos, para no tener que destinar porcentajes del 50 o 60% a ellos.
  • El precio de la entrada para comprar una vivienda deje de ser tan prohibitiva, y que los intereses de las hipotecas no sumen cantidades tan elevados al precio de venta de la vivienda.
  • Que se protejan los derechos de los menores, de las personas mayores y de los más vulnerables, y que esté prohibido que queden en la calle sin otra alternativa.

En el momento en que esta lista que no acaba aquí, empiece a solucionarse, es cuando se podría observar si la okupacion disminuye o se mantiene. Sea como sea, el sistema de vivienda de nuestro país resulta catastrófico. Y al final, tanto inquilinos, como propietarios, quedamos desprotegidos y con nuestros derechos completamente vulnerados.

Sus señorías, año 2021 es el momento de eliminar definitivamente los desahucios

Volver a la Portada de Logo Paperblog