El 31 de mayo de 1999, la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, dictaminó sobre la Demanda del Pueblo de Cuba al Gobierno de los Estados Unidos por daños humanos.
Esta demanda fue sustentada por la inmensa mayoría del pueblo cubano, representada en sus principales organizaciones de masas y sociales.
Para su concepción se tuvo en cuenta que, desde el mismo triunfo de la Revolución cubana, los gobiernos de los Estados Unidos han hecho todo lo posible por destruirla, haciendo pagar un alto precio al pueblo cubano por mantener su libertad, soberanía y autodeterminación.
Fueron presentados todos los documentos probatorios, incluyendo los desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos. Así, el Tribunal Popular Provincial de Ciudad de la Habana, con total apego a la Constitución y al Código Civil de Cuba, dictaminó que el gobierno agresor debía indemnizar al pueblo cubano con el pago único de 181 100 millones de dólares estadounidenses.
La sentencia incluye la conminación al gobierno norteamericano “a que públicamente se retracte por el daño moral del que han sido objeto tanto los familiares como las víctimas de los hechos narrados en esta demanda”.
El gobierno de los Estados Unidos ha desconocido, en todas sus partes, esta justa demanda del pueblo cubano.
Cuba fijó su reclamación por el valor de la vida de los 3 478 cubanos fallecidos y 2 099 incapacitados como consecuencia de las agresiones imperialistas, en un promedio de 40 millones de dólares, incluyendo la reparación del daño material e indemnización de perjuicios.