La democratización de la comunicación a través de las nuevas tecnologías produce, sumado a sus evidentes virtudes, efectos perversos en la forma en que procesamos y compartimos la información. Hoy todo internauta puede convertirse en un agente activo de información, moviendo en algunos casos la voluntad de la sociedad civil hacia posturas y acciones políticas con mayor efectividad a como lo hacen los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, las redes sociales, los blogs y demás generadores de opinión populares carecen casi siempre de rigor empírico y calidad de contrastación de los hechos que transmiten. Esta deficiencia no evita aún así que su información acabe poseyendo un éxito mediático superior a aquel que debieran tener prensa, radio y televisión, a los que se supone una seriedad periodística axiomática. No en vano, los partidos políticos utilizan electoralmente la pregnancia y virulencia mediáticas de las redes sociales, haciendo suyos los lemas del trending topic de moda.
Así, noticias como la decisión del ejecutivo de limitar por decreto inapelable el techo del déficit han generado infinidad de opiniones, auspiciadas tanto por el periodismo profesional como por el ágora digital. El 15M rechaza esta decisión política, arguyendo su insensibilidad democrática; se debería contar con el pueblo soberano a la hora de tomar decisiones que puedan afectar a su futuro y que, como es el caso, modifican aspectos presentes en la Constitución. Otros sospechan los efectos negativos que una decisión de esta naturaleza pueda provocar sobre la calidad de nuestro Estado de Bienestar. Los sindicatos e Izquierda Unida demonizan la imposición de un límite de gasto público, presagiando que éste será utilizado a largo plazo como excusa política para adelgazar los servicios sociales. Las comunidades autónomas históricas intentan ganar con esta decisión leña que caliente sus intereses independentistas. El ejecutivo, por su parte, defiende que esta decisión está movida por la responsabilidad política de hacer sostenible nuestro sistema económico y que en ningún caso será incompatible con el sostenimiento del Estado social. Pero ni el 15M, ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ninguno ofrece argumentos razonables que un ciudadano medio pueda entender y con las que pueda empatizar. Todos los discursos, a favor y en contra, se mueven dentro de la indeterminación. Ni el pueblo entiende la decisión del gobierno, ni el ejecutivo ofrece argumentos sencillos para tranquilizar a la opinión pública. El lector puede comprobarlo de propia mano; abra un periódico, escuche un telediario, y verá que no se ofrecen razones fundadas que puedan llevar a un ciudadano receptivo y sensato a tener claro los motivos por los cuales ha de apoyar o bien rechazar la decisión de limitar el déficit público.
De primera, existe un problema pedagógico. Los conceptos que manejan los expertos son casi siempre obtusos y enrevesados, no aptos para legos. De ahí que a priori la actitud del ciudadano sea la de desconfiar o claudicar pasivamente. Asimismo, la oposición y algunos grupos de presión aprovechan este desconcierto y ignorancia para introducir sus discursos crispantes, soliviantando al ciudadano hacia posturas radicales, sin ofrecer más argumentos que falacias tramposas para incautos. La caótica red de información desalienta más que aclara, ya que su intención no es tanto ilustrar al ciudadano, facilitándole la tarea de una autorreflexión crítica, como vender un producto o intentar que empatice con sus propios intereses.
Al final de la tormenta, el ciudadano tiene la sensación de no haberse enterado de nada y de que en realidad han intentado tomarle el pelo. La clase política adolece de pedagogía a la hora de hacer transparentes sus decisiones al ciudadano y la prensa se pliega con demasiada facilidad al titular publicitario o al servilismo ideológico. De ahí que los ciudadanos busquen en los nuevos medios populares de comunicación algo de luz que despeje su perplejidad. Pero estos medios digitales a menudo son tan solo meras terapias colectivas, foros donde compartir nuestra incertidumbre y dar fuelle a nuestra indignación, donde la información se vende como hechos, siendo tan solo opinión o psicoanálisis. Se echa en falta valentía por parte de políticos y periodistas de ser más claros y honestos con la información que publican. A menudo tratan a los ciudadanos como meros consumidores de noticias y no agentes racionales, activos y responsables. Por la parte que nos toca, los ciudadanos debiéramos exigir ese rigor y seriedad informativos, negando nuestro crédito a aquellos que banalizan o deforman la realidad, adaptándola al patrón de su faltriquera. Una sociedad en la que Belén Esteban posee más crédito y estima que la que posee un profesional, una sociedad que no se forma e informa, que no se ilustra, está condenada a ser estafada por mercaderes y salvapatrias.
Ramón Besonías Román