En España hay unos 500 testigos protegidos. Son piezas clave en investigaciones sobre delitos muy graves relacionados en la mayoría de los casos con el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo o la gran corrupción económica. Sin embargo, la ley que regula la figura del testigo protegido es incompleta, mala, antigua y pacata. Eso lo dice un juez y lo mismo dicen fiscales o fuerzas de seguridad: la ley no prevé trabajo, ni dinero ni deslocalización…; ni medios de vida ni cambios de identidad. En resumen, y en palabras de testigos protegidos: “estamos vendidos”.
La ley de testigos protegidos nació en diciembre de 1994 con sólo 4 artículos y entre ellos este: “si cualquiera de las partes solicitase el conocimiento de la identidad del testigo, el juez o tribunal deberá facilitar el nombre y los apellidos”. Paradójico. Aún lo es más cuando en esa ley quedaba estipulado su desarrollo reglamentario que 21 años después no se ha realizado. En resumen, y en palabras de testigos protegidos: “estamos vendidos”. Algo en lo que coinciden jueces, fiscales y policía y guardia civil. Incomprensible.
Por qué lo hizo, cómo vive, de qué vive, qué teme, qué querría, se siente vendido, volvería a hacer lo que hizo sabiendo lo que ahora sabe…
Es Volodia”.
Y ahora ya: ¡a escuchar!
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A cuidarse!!