Siempre he defendido, por convicción, el acercamiento de las personas presas a sus lugares de origen y el excarcelamiento de aquellas otras que padezcan enfermedades graves, incurables e irreversibles. No importa cuál sea el delito cometido. La política penitenciaria tiene que respetar escrupulosamente los derechos humanos y no debe suponer una carga añadida sobre familiares y círculo más allegado. La dispersión fue, en su momento, un elemento de presión para debilitar la fuerza de ETA en las cárceles, pero no dió los resultados esperados y ha quedado demostrado que carece de sentido y fundamento jurídico. El Estado de Derecho no admite atajos y su legitimidad nace precisamente de su capacidad para hacer justicia, en lugar de venganza. La práctica del terrorismo merece una condena tan unánime como firme, pero quienes la ejercen, al igual que ocurre con otros crímenes, han de estar acogidos a un régimen penitenciario que respete su condición de seres humanos. Ésta es, de hecho, la grandeza de la democracia y por ello, al menos en Europa, la pena de muerte no está contemplada. La personas presas también son sujetos de derechos, aunque en ocasiones cueste aceptarlo por todo el daño y el dolor que han causado.
Esta reflexión responde, de algún modo, a la manifestación convocada ayer en Bilbao por organizaciones políticas, sociales y sindicales, que exigen un cambio en la política penitenciaria. Días atrás, pensé secundar la marcha porque comparto su objetivo, pero en el último momento y tras valorarlo mucho, decidí no hacerlo. Me consta que la inmensa mayoría de la izquierda abertzale apuesta de modo inequívoco por las vías exclusivamente políticas y democráticas y creo que su base social y sus dirigentes esperan con el mismo interés que el conjunto de la ciudadanía un anuncio de ETA, haciendo público un alto al fuego permanente y verificable. Tengo la convicción de que habrá comunicado, aunque no me atrevo a avanturar su contenido, pero quiero pensar que responderá a las demandas de la izquierda abertzale, más allá de que otras sensibilidades lo consideren insuficiente. Y si ETA calla o no acepta la supremacia de la voz política sobre la suya, habrá llegado la hora de que quienes de verdad reconocen que la violencia ha tocado a su fin lo digan alto y claro, rompiendo amarras con quienes persisten en su ceguera. Es tiempo de espera.