En los últimos años hemos asistido a la consolidación de dos grandes tendencias dentro del Sistema de Servicios Sociales. Lo asistencial y lo residual. Y lamentablemente muchos políticos, bastantes técnicos y gran parte de la ciudadanía lo consideran un éxito.
Muy resumidamente y casi llegando a la caricatura, (aunque no por ello menos cierto), la principal función que se atribuye a los servicios sociales y sobre las que se estructura un gran número de demandas es la siguiente: debemos proporcionar una vivienda a quien no la tiene, unos ingresos mínimos para vivir a todas las familias y hay que pagar las facturas cuando se atraviesa alguna emergencia.
El enfoque de derechos se ha ido desarrollando, como no podía ser de otra manera en un Estado Social y de Derecho como el nuestro (Constitución dixit), y los ciudadanos reclaman que se hagan efectivos. Y lo hacen en el lugar que se les señala para hacerlo: los servicios sociales. ¿Quién, si no?
- Educación, Sanidad, Pensiones y ¿para todo lo demás?
- ¡El cuarto pilar!
Este señalamiento contiene una serie de contradicciones que es preciso señalar. Por un lado diluye la responsabilidad y evita el desarrollo de los sistemas de vivienda, empleo y garantía de ingresos.
Por otro sitúa a los servicios sociales ante una misión imposible, dejando a los profesionales en una posición doblevincular ante cuyo fracaso serán estigmatizados como ineficientes (¿recordaís las palabras de un pasado asesor del Presidente del Gobierno sobre los buenos "asistentes sociales"? Os las recuerdo en este enlace).
Y finalmente dificulta y evita que el sistema de servicios sociales desarrolle prestaciones y servicios que le son propios, fomentando la aparición de otros actores que diluirán aún más la responsabilidad pública.
Íntimamente relacionada con esta posición residual ha llegado un imparable crecimiento de la función asistencial, que ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin en sí misma.
El asistencialismo así generado consiste en subvenir las carencias del usuario asumiendo la delegación que éste hace en el profesional. El usuario no tiene ninguna responsabilidad en su situación (atribuida universalmente a las condiciones externas) ni tampoco puede hacer nada para salir de ella. La responsabilidad para que esta salida sea posible depende únicamente del profesional y de su compromiso o buen hacer (de nuevo el "buen asistente social").
Lo de intentar que el usuario pueda superar la situación por sí mismo, con ayuda de recursos familiares, o intentar diagnosticar qué factores internos pueden estar influyendo en la misma es algo absolutamente accesorio. Lo importante es acabar con la carencia lo antes posible. Si se generan dependencias o cronicidades o se anulan capacidades es algo que no se considera sino en un plano muy secundario y en absoluto importante.
No parece que estas dos tendencias vayan a revertirse a corto plazo pues, como digo, gozan de grandes apoyos políticos y profesionales. Del porqué de estos apoyos hablaremos otro día.