La comisión de justicia del congreso de los diputados ha aprobado la proposición de la ley de enjuiciamiento civilcon el objetivo claro de agilizar el procedimiento de desahucio contra ocupantes no identificados u okupas, con esta medida se intenta frenar la escalada exponencial que está teniendo este comportamiento. Posteriormente se remitirá al senado para terminar con su tramitación parlamentaria.Pero la pregunta que nos hacemos ahora es:
¿Cómo afectara este desahucio express cuando entre en vigor a los propietarios que se encuentren en esta situación?
El procedimiento se iniciara con demanda por parte del propietario frente a los okupantes de la vivienda, una vez pase este hecho el juzgado notificara directamente a las personas que se encuentran dentro del inmueblelos cuales tendrán que mostrar título suficiente para estar en posesión de la finca, teniendo únicamente un plazo de cinco días para hacerlo, en caso que transcurra el tiempo anteriormente anunciado el tribunal que este conociendo del asunto resolverá mediante auto dictando la devolución de la posesión al propietario con el correspondiente lanzamiento.Contra esta esta resolución no cabra recurso algunocosa que es de agradecer porque existían casos los cuales se utilizaba esta vía para prolongar más si cabe la ocupación ilegal.Actualmente el tiempo para desalojar a un okupa varia dependiendo donde radique la finca y la carga de trabajo del juzgado competente que conocerá el asunto, pero por línea general estamos hablando entre 6 meses a 1 año en primera instancia.
¿Quiénes pueden utilizar este procedimiento?
Este procedimiento esta destinado principalmente para: las personas físicas, las organizaciones sin ánimo de lucro y las entidades de un fondo de viviendas destinadas a un alquiler socialpudiendo usar esta vía la cual promete ser mucho más rápida que la actual.De forma expresa quedaran excluidos de esta normativa las entidades financieras, los fondos buitres por lo que se presupone que lo que se pretende con esta normativa es proteger a los más desfavorecidos que muchas veces dependen de las rentas que le generan estos inmuebles para vivir.
En la normativa también se tiene en consideración la posibilidad de notificar a los servicios públicos competentes que tengan competencia en materia de política social siempre que fuera necesaria su participación, para que se notifique al organismo competentese requiere el consentimiento de los interesados.
Si se ha encontrado su vivienda ocupada de forma ilegal puede ponerse en contacto con nuestro despacho, en el mismo somos especialistas en derecho inmobiliario y estaremos encantados de poder ayudarle a recuperar su vivienda.
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