La asamblea de compromisarios del próximo octubre tendrá mucho morbo. Me explico aunque me temo que será farragoso.
El nuevo presidente del F. C. Barcelona, Sandro Rosell, recibió el pasado lunes de Deloitte la auditoría del último ejercicio 2009/2010 (realizada por Artur Amich Bieto y dirigida por Jaume Buxó Ascaso) que presenta 4 salvedades y 5 inconcreciones.
Con estos datos en la mano, al día siguiente la comisión económica estatutaria presidida por Xavier Faus, vicepresidente económico, decidió reformular las cuentas para presentar a la asamblea general, que se celebrará el próximo 16 de octubre, un informe “limpio” sobre la situación del club.
Las diferencias entre las últimas cuentas del equipo Laporta y las primeras de Rosell, son abismales. Mientras que el primero presentó unos beneficios de 11 millones de euros, el segundo cree que el Barça perdió la última temporada 77 millones. Una diferencia de 89 millones que en su mayor parte se debe a las interpretaciones de la nueva junta, no a Deloitte ya que la consultora solamente admite en sus salvedades desviaciones por valor de 39 millones, el resto hasta los 89 millones surgen de inconcreciones que Deloitte no cuantifica y que se deben a la interpretación diferente de las normas contables que realiza el equipo de Rosell.
Muchas son las discrepancias que se concretan en torno a cuatro ámbitos. El inmobiliario con la venta de una parcela en Sant Joan Despí, y la compra de unos terrenos en Viladecans. Los contratos con Mediapro a cuenta de los derechos televisivos. Las amortizaciones de algunos jugadores. Y los pleitos con Sogecable, la partida más importante que supone un tercio de la discrepancia (37,8 millones).
La primera discrepancia se cierne sobre la venta de una parcela dentro de los terrenos de la ciudad deportiva del Barça en Sant Joan Despí (previsiblemente para crear un hotel) por valor de 21,5 milones, operación que supone para el club la generación de unas plusvalías de 14,9 millones y que la junta de Laporta ha contabilizado como ingresos en las cuentas del ejercicio 2009/10. Sin embargo, solamente se ha cobrado un millón de euros restando pendiente el cobro de más de 20 millones. En ese contexto, Deloitte entiende (en la primera salvedad) que, sobre el total de ingresos del ejercicio (445,5 millones presentados a finales de junio) se han de descontar los casi 15 millones a la espera que el comprador haga efectivo el pago pendiente.
De resultas de esta operación, formalizada mediante un contrato privado de compra-venta, se ha de especificar que no existe escritura pública ante notario, debido al hecho ya reseñado que no se ha procedido al pago total.
Otra operación inmobiliaria realizada por el Barça en 2008 se centra en torno a una compra de terrenos en Viladecans por la cual el club pagó 21 millones. Para ese pago el club pidió una valoración del precio de mercado que fue realizada por un consultor privado en su día. Rosell ha decidido volver a realizar una tasación, en este caso realizada por un experto homologado por el Banco de España que ha dado como resultado que el valor actual de los terrenos no excede de 5,5 millones. La anterior junta ya dotó 1,5 millones como pérdida de valor. Deloitte estima que existe una incertidumbre sobre esa pérdida pero no la contabiliza. La junta de Rosell ha decidido provisionar como pérdida la mitad de la diferencia, 5,7 millones, aunque en puridad y atendiendo a los criterios de prudencia debería haber dotado el 100% del minusvalor.
La segunda Salvedad de Deloitte se centra en el contrato del Barça con Mediapro a cuentas de los derechos televisivos firmado hace dos años y por el cual la empresa de Jaume Roures se comprometió a pagar al club 20 millones, a razón de cuatro millones por año, hasta la temporada 2012/13. Las cuentas del pasado ejercicio de Laporta incorporan 16 millones de los cuales 12 millones corresponden a ejercicios futuros (además de los cuatro millones que sí incumben al último año). La correcta contabilización supone periodificar en cada ejercicio futuro de los tres que restan cuatro millones por temporada.
Sobre esta relación con Mediapro, Deloitte añade dos incertidumbres. Una de ellas se contextualiza dentro de un nuevo contrato que ambas entidades firmaron el pasado 9 de junio por el cual se alarga el período de validez del anterior contrato un año más. En él se establece un ingreso extra para el Barça de 13 millones que deberá cobrar en el futuro. Posteriormente a la firma de ese nuevo acuerdo, Mediapro presentó concurso de acreedores por lo cual Deloitte establece una incertidumbre sobre el cobro de esta cantidad. La junta de Rosell cree que es posible que se cobre pero igual no todo ya que dependerá de la evolución judicial del concurso y de cómo sea contabilizada esa deuda dentro de la masa de acreedores. En aras a la prudencia decide que se contabilice como ingreso de la temporada 2009/10 solamente el 50% de esa cantidad (6,5 millones) aunque de hecho, no se ha cobrado nada. Estamos frente a una diferente interpretación contable de un ingreso futuro. La prudencia en este caso hubiera aconsejado no contabilizar ninguna cantidad pero las tres opciones son válidas.
Otra de las incertidumbres concretadas por Deloitte se centra en torno al mismo contrato con Mediapro. Ya que la sociedad está en concurso de acreedores, la consultora cree que existe un cierto nivel de indefinición sobre la posibilidad que Mediapro acabe pagando el monto del contrato (que asciende a 140 millones, una tercera parte de los ingresos anuales del Barça). En esta ocasión Rosell no hace caso a la incertidumbre ya que cree que se cobrará toda la cantidad y por tanto no decide incorporar a las nuevas cuentas ninguna mengua (en relación con las anteriores presentadas por Laporta). Debe tener alguna información facilitada por el pagador que éste hará frente al pago pero al estar la sociedad en manos de administradores judiciales no se puede tener la certeza absoluta del cobro.
La segunda de las partidas está relacionada con la plantilla de jugadores. Dice el auditor que el contrato de Henry con los Red Bulls de Nueva York es anterior al cierre del ejercicio (30 de junio) por lo cual la anterior junta debería haber amortizado la cantidad pendiente de ese jugador (8,2 millones), al haber sido una baja del inmovilizado como un gasto del ejercicio de tal manera que debería haber incrementado esa partida (de 428,7 millones). Laporta no la provisionó.
Una situación simular acontece con un exjugador de la cantera, Baena, que se fue a jugar al R.C.D. Espanyol. El Barça ha interpuesto una demanda judicial al otro club por valor de 3,9 millones que la junta de Laporta decidió incorporar como un ingreso aunque está pendiente de resolución judicial.
La partida más importante y donde Deliotte extiende otra salvedad por valor de 37,8 millones, y que ya incorporó en la auditoria de las cuentas del ejercicio 2008/09, se concreta en torno al conflicto judicial que el Barça mantiene con Sogecable sobre los derechos de televisión de anteriores temporadas (se arrastra desde la 2004/05). Existe una sentencia judicial que obligó al Barça a pagar la referida cantidad a la empresa del grupo Prisa, por lo cual la cantidad está pagada. Sin embargo el Barça decidió recurrir la sentencia y atendiendo a esa acción Laporta decidió incorporar esa cantidad como un ingreso en la última temporada convencido que el juez finalmente dará la razón al club y se le devolverán esos millones. Deloitte especifica una incertidumbre respecto a ese cobro y determina que no se puede incorporar como deudor (un ingreso futuro) ya que no existe sentencia firme sobre el particular. Rosell ha decidido que estos millones no deben constar como ingreso y al reformular las cuentas decide prescindir de ellos.
En resumen, en todos los temas, la junta de Laporta decidió proceder a interpretaciones favorables a la entidad, mientras que Rosell ha decidido una tomar una actitud diametralmente opuesta. Probablemente ninguna de las dos posturas sea la exacta.
Rosell aplica el principio contable de máxima prudencia, que en este caso se trasmuta por la de extrema o excesiva prudencia. Decide no incorporar algunas partidas y contabilizar otras solamente al 50%.
Deloitte concreta diferencias en las cuentas con cuatro salvedades por valor de 39 millones, siendo el resto inconcreciones sin cuantificar. De todas maneras el criterio de la consultora no es el mismo en todos los casos ya que si realiza una salvedad por el tema de Baena (resolución judicial pendiente), también debería aplicar el mismo criterio en el caso de Sogacable.
En todo caso, parece claro que algunas de las partidas de ingresos propuestas por Laporta no lo son, mientras que los gastos deberían contemplar ciertos aumentos. Ello llevaría la cuenta de resultados del último ejercicio a mostrar pérdidas lo cual hubiera obligado a la anterior juta a tener que depositar un aval por el 15% de los gastos del ejercicio (cerca de 60 millones), con una cierta probabilidad de no recuperarlos.
La Ley del Deporte establece que las juntas de los clubs deportivos deben depositar en la Liga de Fútbol Profesional un aval al inicio de su mandato que podrán recuperar si las cuentas son positivas. En ese sentido, la junta de Rosell ha tenido que depositar un aval de 58,553 millones en la LFP.
Con esta actitud, en principio de transparencia (aunque no del todo ya que hay que decir aunque sea de pasada que Faus no quiso entregar la auditoria a los periodistas en la rueda de prensa donde denunció las cuentas de Laporta, basándose en un documento que los medios no han visto), Rosell se protege a su vez de cara al futuro ya que esta diferente contabilización de algunas partidas le proporciona un colchón de ingresos futuros que le permitirá en el siguiente ejercicio presentar beneficios y no tener que continuar depositando ningún aval.
En conclusión, con este nuevo criterio contable establecido por Rosell durante el mandato de Laporta (siete años) el club habría perdido 46,5 millones. Unas pérdidas que deberían pagar los miembros de las juntas de Laporta. Debido a que no existe aval depositado ya que las cuentas en todos los ejercicios han sido positivas excepto en el primero, parece difícil que el club pueda resarcirse. Existe la posibilidad que el club ejerza una reclamación judicial por daños pero Rosell no se ha pronunciado sobre si solicitará a la asamblea la apertura de ese proceso judicial.
Ante esta situación Laporta se está planteando exigir a la actual junta su derecho a dirigirse a la asamblea para explicar su versión de los hechos. En ese contexto, pocos serán los compromisarios que no acudan. Lo dicho, mucho morbo.
¿Cuál es la imagen fiel del Barça?
También podríamos titular esta pieza como “el papelón de Deloitte” ya que sorprende que el auditor del F.C. Barcelona, contratado hace siete años por Joan Laporta, y que no había presentado ninguna salvedad en los anteriores ejercicios, haya visto de golpe un montón de irregularidades en el último. Detrás de esta diferencia se encuentra sin duda el cambio de junta directiva con el advenimiento de Sandro Rosell a la presidencia del club y su intención de proponer a la asamblea la renovación del contrato de la auditora. Sobre la mesa se ciernen las dudas de hasta qué punto son fiables las auditorías cuando éstas dependen directamente de la renovación de contratos y si existe una verdadera independencia de los auditores respecto de sus clientes.