Según dice el resumen de prensa de la Fundación Jeróme Lejeune, de París, la objeción de conciencia está seriamente amenazada por el Consejo de Europa. En el proyecto de resolución titulado “Acceso de las mujeres a cuidados médicos legales: problema del recurso no regulado a la objeción de conciencia”, presentado por Christine McCafferty, hay varias recomendaciones que violan seriamente la libertad de conciencia de los médicos.
Entre otras disposiciones inaceptables figuran las siguientes:
1. Obligar a los profesionales de salud a dar el tratamiento deseado al que el paciente tiene legalmente derecho [por ejemplo el aborto] en detrimento de su objeción de conciencia.
2. Privar a las instituciones públicas o de Estado, tales como hospitales y clínicas públicas en su conjunto de la “garantía del derecho a la protección de conciencia”.
3. Crear un registro de objetores de conciencia.
4. Crear un mecanismo de quejas eficaz contra los objetores de conciencia.
Todo esto no es más que una manifestación más del proceso de reingeniería social, que quiere introducirse en Europa. Se contrapone la libertad de conciencia a un nuevo derecho, que no existe como tal, el derecho al aborto. Ante semejante tropelía, habría que tener en cuenta que jamás puede considerarse el embarazo una enfermedad, porque no lo es. Se trata de un proceso natural. Los médicos han recibido una vasta formación para curar enfermedades, no tienen formación especializada para otros menesteres. Si la sociedad demanda servicios de otro tipo, misión de los gobiernos sería la creación de facultades para la formación de personal cualificado, expresamente preparado para abortar.
Por otra parte, los 47 Estados miembros del Consejo de Europa y los 50 estados de Estados Unidos protegen en sus leyes la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Derecho garantizado en las leyes europeas e internacionales, que está bien reglamentado en la mayoría de las sociedades democráticas.
En España, de hecho, las Comunidades Autónomas regidas por gobiernos socialistas ya están impidiendo la objeción al aborto en atención primaria. Los médicos ya temen que los registros de objetores se conviertan en la práctica en listas negras, que afecten no sólo a los médicos sino también a los trabajadores sociales. Recordemos que la objeción de conciencia es un derecho fundamental.