Según el Informe Monitor Ciudadano de la Corrupción, realizado por Transparencia por Colombia, Santander lidera el ranking nacional con más hechos de corrupción reportados en el país en los últimos tres años.
Lo cierto de todo esto es que aunque la corrupción es un ‘fenómeno humano’ y globalizado, no por ello es justificable. Y menos hoy que se tienen más herramientas para que la lucha anti corrupción tenga dientes desde una ciudadanía que hace control.
Para que esto adquiera sentido, es necesario sumar la voluntad de una transparencia en la gestión pública con políticas de datos abiertos, a un uso efectivo de las TIC por parte de entidades y ciudadanos.
En términos muy claros, esto quiere decir que los gobiernos deben hacer de las rendiciones de cuentas, un ejercicio permanente y en tiempo real y no solo la publicación anual de informes. El ciudadano de hoy reconfigura un nuevo sentido de pertenencia en donde se exige que los documentos que respaldan las contrataciones sean públicos y asequibles en cualquier momento. Si bien existe el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), no es suficiente. Debemos ir un paso más allá.
La firma electrónica, por ejemplo, debe ser parte del paisaje natural de los negocios entre empresas y en trámites de los ciudadanos con el Estado. Con esta tecnología debería ser inmediato crear empresas, solicitar permisos y licencias y expedir certificados. La facturación electrónica debe llevarnos a ahorrar tiempos, dinero y papel para así incrementar la productividad y la simplificación administrativa.
En nuestro país honramos el papel membreteado y los sellos de tinta como si fuera el Santo Grial.
Con la reciente creación del Centro de la Cuarta Revolución en Medellín espero que, gracias a la inteligencia artificial, construyamos proyectos para hacer más eficientes a las entidades del Estado. Y cuando nos metamos de cabeza en tecnologías como blockchain, podamos optimizar servicios como votaciones digitales, historias clínicas en línea y la trazabilidad perfecta, segura y eficiente de comparendos y pago de impuestos, entre otros.
Al Estado le compete establecer transparencia como factor decisivo clave para reforzar la confianza de los ciudadanos. La transparencia estimula el compromiso ciudadano.
Nota: columna publicada originalmente en Vanguardia el día 23 de mayo de 2019