El acuerdo que han cerrado hoy en el Congreso el PP y el PSOE y que se extenderá también al Senado es una de esas nuevas promesas de regeneración que al final quedan en nada o en casi nada. Y es que cuando se trata de preservar los viejos y malos hábitos enquistados en el modus operandi de la política nacional desde la etapa de la Transición, apenas se aprecian diferencias entre los dos grandes partidos nacionales. Hoy han vuelto a dar muestra de ello con un acuerdo sobre el control de los viajes de los parlamentarios que, en la práctica, deja las cosas prácticamente igual de opacas que hasta ahora.
Del control quedan exentos los viajes de ida y vuelta que hagan sus señorías desde sus respectivos lugares de residencia a Madrid. Tampoco hay cambios con respecto a los viajes de las delegaciones oficiales del Congreso y el Senado, controlados por las propias cámaras. La novedad, si es que puede llamarse así a lo acordado hoy, se refiere a los viajes calificados de “políticos”, es decir, aquellos que senadores y diputados hacen por razón de su responsabilidad como representantes democráticamente elegidos. Para este tipo de viajes se acuerda que sean los propios partidos los que controlen a sus parlamentarios avalando sus desplazamientos en el plazo máximo de 15 días. Si no lo hicieran, el diputado o senador en cuestión tendría que devolver la cuantía del viaje. En un gesto tan inútil como teatral, el Congreso y el Senado publicarán cada tres meses en sus respectivas webs el número de viajes políticos de sus señorías. Será, en todo caso, una relación en bruto sin detallar quiénes viajaron ni a qué grupos parlamentarios pertenecen, con lo cual nos quedamos prácticamente como estábamos.
Este acuerdo, que ni con benevolencia podría calificarse de mínimos, no parece ser del agrado presidente del Congreso, Jesús Posada, un hombre al que parece gustarle que sus diputados hagan de su capa un sayo con los recursos de todos y si alguien quiere controlarlos que sean en todo caso sus partidos. Por si no fuera suficiente, tampoco se distingue entre viajes relacionados con la actividad en el Congreso o el Senado de los que tienen que ver con la asistencia a mitines, congresos o fiestas y ágapes partidistas. Simplemente se considera que los segundos son la “extensión lógica” de los primeros – como dice el PSOE – y se les incluye en la lista de desplazamientos sufragados con dinero de todos los ciudadanos.
De este modo pagamos también de nuestro bolsillo no solo sus sueldos, sino que los senadores y diputados puedan también participar en actos partidistas fuera de sus territorios que deberían abonarse, en todo caso, por los respectivos partidos. De publicar las agendas políticas de los parlamentarios ni hablar; de que se especifique en las webs de las cámaras quién viaja, a dónde y para qué, mucho menos. Según dicen los firmantes del acuerdo hay que proteger la discreción de esos viajes cuando sea necesario, aunque en realidad lo único que protegen es su discrecionalidad, que no es lo mismo. Y aún sostiene el PSOE que con este acuerdo no se repetirá un caso como el de Monago y su puente aéreo con Canarias. Sinceramente, ante el amaño de transparencia que han cerrado hoy socialistas y populares sólo cabe concluir que para este viaje no hacían falta alforjas.