Tras su derrota andaluza, Sánchez ha retomado el diálogo con el golpismo catalán, a pesar de que esa alianza repugna al pueblo, ha reanudado su asalto al poder judicial y ha dado un golpe de mano en el Consejo de Administración de la empresa Indra, encargada de los recuentos electorales, un movimiento que ha despertado las sospechas y el recelo de los demócratas, que huelen un posible fraude electoral futuro.
Su maniobra para hacerse con el control del Tribunal Constitucional va en contra de la separación de poderes y de las recomendaciones de la Unión Europea, que rechaza la politización de la Justicia española. Es también una medida criticada por la mayoría de los jueces, además de reflejar el miedo de Sánchez a perder el poder y a ser castigado por la Justicia a causa de sus abusos y arbitrariedades.
Se trata de seguir huyendo hacia adelante y de acentuar las peores líneas del sanchismo, aquellas que le asemejan con las dictaduras más sucias del planeta y que ya molestan y causan asco a la mayoría de los electores españoles.
La reacción sanchista tras la derrota del socialismo y de la izquierda en Andalucía avanza hacia el envilecimiento del poder y no ha podido ser más rabiosa y significativa, ya que acentúa el intervencionismo, el ansia de poder y los trucos y argucias que ponen en crisis a la democracia.
La mayoría de los juristas considera la maniobra del Ejecutivo para controlar el Tribunal Constitucional un «disparate jurídico» y un nuevo intento de Moncloa para «prostituir las instituciones y ponerlas a sueldo del Gobierno».
El Sánchez derrotado parece un animal herido y desesperado, dispuesto a morir matando, justo lo contrario de lo que se espera de un demócrata, obligado a seguir las pautas que le marca el electorado en las urnas.
Francisco Rubiales
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