Así, el juez Nigel Teare, de la división Comercial y de la Propiedad del Superior, ha permitido que la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega -perdedora en el proceso anterior-, plantee su caso ante la Corte de Apelaciones, según informaron a Efe fuentes del equipo legal de esta directiva.
De acuerdo con estas fuentes, Teare ha aceptado que se eleve un "recurso parcial", es decir, que solo pueda volver a examinarse una parte del dictamen que él mismo emitió el pasado 2 de julio, la que hace referencia a la cuestión de "justiciabilidad".
La Corte de Apelaciones tendrá que decidir en una fecha futura si Teare acertó cuando dictó, como parte de su sentencia, que los actos y nombramientos de Guaidó como "presidente interino de Venezuela" (tal como le reconoce el Gobierno del Reino Unido) no son "justiciables" en Inglaterra, es decir, que no deben ser escudriñados aunque hayan sido declarados ilegales por la Justicia venezolana.
Sarosh Zaiwalla, director del despacho jurídico Zaiwalla & Co, que representa al equipo de Maduro, celebró la autorización de un recurso parcial, pero adelantó que pedirá a la Corte de Apelaciones que acepte "una revisión más completa del dictamen", pues considera que hay asuntos en él que están "entre la ley y la política", dijo en un comunicado.
El 2 de julio, Teare determinó que es la junta "ad hoc" del BCV nombrada por Guaidó, presidida por Ricardo Villasmil, y no la oficial encabezada por Ortega, la que puede acceder a los 31 lingotes de oro venezolanos, valorados en 1.300 millones de dólares, que guarda el BoE.
El magistrado consideró que el Gobierno británico ha reconocido "inequívocamente" a Guaidó como "presidente interino constitucional" del país sudamericano y es por tanto la junta designada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.
También dictó que "no es justiciable" -es decir, que la corte inglesa no tiene potestad para someter a examen- la legalidad, según el derecho venezolano de los nombramientos a la junta del BCV hechos por el líder opositor, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Caracas.
Durante el proceso, el letrado de la junta de Maduro, Nick Vineall, argumentó que, aunque el Gobierno de Londres declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como "presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones creíbles", en la práctica "mantiene lazos diplomáticos" con el Ejecutivo de Maduro, aunque no lo apruebe.
Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Ejecutivo británico reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela y por tanto la Corte debe hacer lo mismo en base a la doctrina de "una sola voz" aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones del Estado a mantener una posición unificada en política exterior.
Teare debía establecer qué junta es la legítima para avanzar en la demanda presentada en mayo contra el BoE por Ortega, que acusa al banco central británico de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela. EFE