La elección presidencial ha concluido. Fueron largas jornadas de extrema tensión en las que el pueblo venezolano fue sometido a fuertes campañas de presión sicológica, acompañadas de un enorme apoyo financiero y mediático a la oposición, que incluyó una acción de terrorismo digital contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), impidiendo dar resultados definitivos en el plazo estipulado y generando nerviosismo en la ciudadanía que los esperaba.
Hoy, a pesar de lo que transmiten los medios transnacionales de la información, que muestran un país incendiado con un presidente huyendo y una Fuerza Armada fracturada, el país vive una calma bastante extendida. La desesperación de la derecha internacional y de la media canalla se manifiesta en el hecho de que tienen que recurrir a imágenes falsas y descontextualizadas ocurridas en otros momentos e incluso en otros países. Personas que alguien podría considerar decentes, y que han ocupado altos cargos en sus países, han recurrido a la mentira de forma impúdica y desvergonzada para mostrar una verdad falsa y trucada.
La misma noche del domingo, ya en la madrugada del lunes, el presidente Maduro llamó a construir una amplia alianza política que permita ensanchar la base social de apoyo del chavismo. Igualmente, instó a los empresarios y empresarias del país a articular una alianza entre el sector público y privado, para avanzar hacia un modelo de gestión «revolucionario, socialista y con ética nacionalista».
No puede ser de otra forma, cuando se ha verificado la continuidad en la disminución de la votación histórica del chavismo en las tres elecciones que Maduro ha ganado (2013, 2018 y 2024). Creo que el pueblo le ha dado una nueva oportunidad al Presidente, pero esta podría ser la última si no se resuelven problemas básicos que aquejan a la población, sobre todo en los sectores más humildes. En su nuevo período, el Presidente tendrá que combatir la ineficiencia administrativa y la corrupción, y solucionar tres problemas que mantienen un clima de molestia en la ciudadanía: los bajos salarios, la carencia de servicios públicos (luz, agua, gas, teléfono y telecomunicaciones, entre los más problemáticos) en algunas regiones del país y las insuficiencias en el abastecimiento con combustible para la población.
Sin embargo, ha ganado seis años para seguir llevando adelante el proyecto de transformaciones económicas y sociales iniciadas por el comandante Hugo Chávez. Se sabía de antemano que la oposición no reconocería los resultados. Así ha sido siempre en las anteriores 28 elecciones ganadas por el chavismo de las 30 realizadas en los últimos 25 años. Eso forma parte de una estrategia de Estados Unidos y Europa para declarar la ilegalidad de las elecciones y, sobre esa base, mantener las sanciones y seguir financiando a la oposición, a partir del entendido de que el verdadero «gobierno» es uno de la oposición.
Este plan incluyó que horas antes de que el CNE diera el resultado definitivo, se verificara una operación injerencista encabezada por gobiernos de derecha y expresidentes de Argentina, Paraguay, República Dominicana, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, es decir, de la ultraderecha regional. En esta operación no participaron gobiernos importantes de la región, como México, Brasil, Cuba, Honduras, Colombia, Bolivia, Nicaragua ni las naciones del Caribe anglófono. De esta manera, la declaración de unos diez países capitaneados por Estados Unidos fue amplificada por la media internacional, poniendo en un segundo plano a la mayoría de los países de la región. Esa misma media, actuando de forma unilateral, ha bombardeado durante tres días el espectro informativo, logrando incluso confundir a países y personalidades amigas.
La noche de las elecciones, en medio de la espera motivada por la interrupción del proceso de transmisión electrónica de datos, dirigentes de base del chavismo manifestaban que iban a defender el proceso por todas las vías. Esperaban que, aumentando los niveles de tensión, toda vez que se presumía que en caso de desatarse la violencia a la que había sido convocado un sector de la oposición por algunos de sus dirigentes, el chavismo iba a responder, produciéndose una situación de consecuencias imprevisibles. A pesar de ello, los dirigentes chavistas aclararon que defenderían el voto y, si era necesario, también iban a salir a las calles a pelear.
Fue muy sintomático que un importante dirigente social chavista dijera que no se trataba de seguir apoyando ciegamente al gobierno, sino que estaban defendiendo la misión estratégica de ampliar el poder comunal y que la defensa del gobierno que habían asumido la hacían porque permitía seguir acumulando fuerzas para impulsar la comuna.
En el próximo período presidencial de Maduro no habrá cambios sustanciales en materia de política exterior. Estos cambios ocurrirán sobre todo en la política interna. Maduro se verá obligado a responder a los sectores populares que le dieron su apoyo a pesar de la difícil situación del país. En la situación creada, se advierte que el voto de apoyo a Maduro tuvo un alto contenido político e ideológico en un sector que estaba molesto y que fue recuperado por la extraordinaria y brillante campaña electoral del chavismo, que, sin ser buena en términos comunicacionales, sí lo fue en los planos organizativo y de movilización.
En su afán de ganar gobernabilidad y estabilidad, Maduro se vio obligado a hacer concesiones a la derecha y al sector empresarial. Con un manejo lúcido, logró estabilizar las cifras macroeconómicas, que favorecieron a los sectores medios y altos de la población y, en menor medida, a los sectores populares. En la campaña, Maduro pudo captar la existencia de malestar entre los ciudadanos más humildes que, no obstante, le dieron su voto.
Ahora, Maduro tendrá que responder a ese apoyo popular sin romper con los compromisos que hizo con ciertos sectores de la oposición y con los empresarios. En la búsqueda de ese equilibrio, va a estar la esencia de su éxito a futuro.
Por otra parte, un factor determinante será la actitud que asuma Estados Unidos con respecto a Venezuela. Son tres asuntos fundamentales: el migratorio, el energético y el de las relaciones con China y Rusia. Los dos primeros son temas de campaña en Estados Unidos. Es muy probable que se produzcan acercamientos porque Venezuela hoy es un importante emisor de migrantes indocumentados. En el segundo tema, la crisis en Asia Occidental y las sanciones a Rusia han deteriorado el mercado energético mundial, pudiendo ser del interés de Estados Unidos ampliar su demanda en Venezuela, para lo que necesariamente tendrá que negociar con Maduro. Hay que recordar también que el asunto migratorio es el más importante del debate electoral en Estados Unidos.
El último aspecto, el de las relaciones con China y Rusia, se mantendrá invariable con respecto a Venezuela, que aspira a ingresar a los Brics e incrementar su vínculo con China y Rusia y con los países de ese conglomerado, a fin de recabar apoyos para la solución de los problemas que presentan las sanciones estadounidenses y europeas. En todo caso, dependerá más de China y de Rusia que de Venezuela. El país, por su parte, podría hacer importantes aportes a esa agrupación de países que indudablemente irá creciendo en tiempos futuros.
Después que el evento comicial del pasado domingo transcurriera con total calma y tranquilidad ciudadana, tal como se esperaba, después de darse los resultados oficiales, la oposición no los reconoció. Con ello se desató un plan preconcebido de acciones nacionales e internacionales en contra del país.
Este plan comenzó a desarrollarse en días previos a las elecciones cuando la ultraderecha global, por vía de la fuerza, intentó ingresar al país sin haber sido invitado por el ente comicial. Fue una clara provocación. En la tarde del domingo, a pesar de que todavía había gente votando, la canciller de Argentina, Diana Mondino, anunció que González había ganado con 37% de diferencia. En paralelo, siete países latinoamericanos (entre los que también estaba Argentina) emitieron un comunicado diciendo que había habido fraude y anunciando que no reconocerían a Nicolás Maduro. Junto a ello, se desató una fuerte ofensiva en redes sociales en la que participaron expresidentes y líderes de la ultraderecha latinoamericana, llamando al no reconocimiento de los resultados.
Todo ello generó las condiciones para que durante el día lunes 29 se desarrollaran hechos de violencia, cuyo modus operandi evidenciaba una clara sincronización y planificación. Hoy se tiene la información de que algunos miles de personas en todo el país participaron en estas marchas y hechos de violencia. Casi mil terroristas fueron detenidos por estos incidentes y —como es habitual en personas pagadas, que no tienen ética ni incentivo político alguno— han comenzado a hablar. Se ha sabido que el 80% tiene antecedentes penales, y una buena parte ha regresado hace poco desde el exterior, donde recibieron entrenamiento militar. De igual manera, el 90% estaba en avanzado estado de drogadicción y portaban armas ilegalmente. También afirmaron que recibieron 150 dólares por día para generar caos. A las siete de la noche del día miércoles 31, la situación en la ciudad es de calma, mientras que las calles vuelven poco a poco a la normalidad.
Ayer en la mañana, la Fuerza Armada, representada por todo su alto mando, manifestó total apoyo al gobierno y lealtad al presidente Maduro. Rechazaba contundentemente las acciones violentas que serían puntualmente reprimidas, en tanto van en contra de la Constitución y la institucionalidad, generando zozobra y atentando contra la paz tan anhelada y largamente buscada por los venezolanos y las venezolanas.
Asimismo, con el transcurrir del día, se han ido conociendo las características del ciberataque que sufrió el domingo el Consejo Nacional Electoral, impidiendo dar oportuna información sobre los resultados. Esta acción perseguía, precisamente, el objetivo de servir de detonante para iniciar una escalada de violencia que se proponía incorporar a sectores de la Fuerza Armada y provocar un cambio de gobierno por vía de la fuerza.
El ataque cibernético fue masivo y múltiple. Nunca antes Venezuela había sufrido una arremetida de estas dimensiones, aunque aún no ha cesado. Se siguen produciendo en este momento cientos de ataques contra la página web del Consejo Nacional Electoral, imposibilitando la transmisión de los datos.
También se intentó hacer un apagón eléctrico que condujera a un caos, a fin de que no hubiera resultados electorales, permitiendo, de esa manera, justificar la violencia. Todo esto obligó al gobierno a activar el Consejo de Estado para realizar una reunión conjunta con el Consejo de Seguridad Nacional, evaluar la situación ocurrida y tomar decisiones.
Según Víctor Theoktisto —Ph. D. en Computación y auditor externo del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la supervisión y estudio del sistema de elecciones en la parte de software de sistema, seguridad digital, criptografía y transmisión segura de datos—, entre junio y julio del año 2021, el ataque se trató de un DOS (Denial of Service) realizado desde la República de Macedonia del Norte, que consiste en saturar las redes con una enorme cantidad de tráfico espurio para evitar que se logre transmitir la información.
En una entrevista para el portal ruso Sputnik, el técnico informó que:
Aunque es imposible alterar el contenido de lo que se transmitía, sí se logró disminuir las conexiones, de tal manera que pocas veces se completaban exitosamente, ralentizando todo el proceso de totalización. Era una situación prevista por los organismos de inteligencia, con ayuda de los operadores, y eventualmente fue solventada, pero ocasionando un retraso notable. El ataque además consistió [y se mantiene] en un ataque permanente al sitio del CNE, a los medios del Estado y, en general, a los servicios de la administración pública, como un ataque global y multifactorial al Estado venezolano.
La campaña internacional de desinformación respecto a lo ocurrido en las elecciones de Venezuela se ha caracterizado por un alto nivel de organización, encaminado a generar incertidumbre y cuestionamientos en la institución electoral venezolana, a partir del insólito argumento de que María Machado posee el 100% de las actas en su poder, lo cual es elemental e innegable porque todos los partidos políticos y representantes de los candidatos en cada mesa electoral las tienen. El chavismo también. Se trata de mostrar las evidencias, no de quién hace más ruido.
Según lo explicado por Theoktisto, cuando se cierran las mesas y se totalizan los votos, los mismos (en forma de actas de escrutinio) se transmiten a través de un mecanismo automatizado y encriptado en todo su recorrido por «dispositivos tecnológicos que son imposibles de alterar, manipular o eliminar» hasta llegar al Centro Nacional de Totalización del Consejo Nacional Electoral.
El experto informático comenta que, a continuación, la máquina genera esa misma acta de escrutinio impresa en un papel similar a las de los puntos de venta, donde están señalados los datos de la mesa, día, hora y varios códigos de seguridad (para evitar que sean suplantadas por copias falsas y que son únicos para cada mesa). Además, los votos para cada candidato por organización política, total de votos [y] votos nulos…
Agrega que dicha información se entrega «a todos los testigos de los partidos políticos debidamente acreditados». Asimismo, el 50% de las mesas son auditadas al azar, a fin de ratificar la conformidad entre los resultados de la votación que aparecen en el Acta de Escrutinio impresa y los comprobantes de voto depositados en la caja de resguardo correspondiente.
El experto finaliza diciendo que «todas las organizaciones políticas que acreditaron sus testigos poseen en este momento, impresas, todas las actas de escrutinio en todas y cada una de las más de treinta mil mesas electorales».
La totalización permite adjudicar la victoria y proclamar al candidato con mayoría de votos. Esa totalización se debe hacer dentro de las 48-72 horas posteriores al evento. El CNE tiene treinta días para publicar en la Gaceta Electoral los resultados, pero, en este caso, el ente comicial ha denunciado el jaqueo del que fue objeto para intentar impedir y ralentizar la totalización de datos. Vale decir que los candidatos tienen quince días por ley para impugnar los resultados ante el organismo competente.
A fin de eliminar cualquier duda sobre la transparencia del proceso electoral que certificó la victoria de Nicolás Maduro, este interpuso un recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el miércoles 31. El procedimiento se llevó a cabo a fin de solicitar a la Sala Electoral del TSJ que «se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral y golpe de Estado, utilizando las elecciones y para que aclaren todos estos ataques…».
A este efecto, Maduro solicitó al TSJ que cite a todos los candidatos, a los representantes de todos los partidos, coteje todos los elementos de prueba y certifique, haciendo un peritaje técnico, los resultados del 28 de julio, para lo cual hizo saber al máximo tribunal del Estado que su alianza, el Gran Polo Patriótico (GPP), y su organización, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentarán ante la opinión pública el cien por ciento de las actas que refrendan su victoria electoral. Dieron a conocer que ambas estructuras políticas están dispuestas a mostrar todas las actas, exhortando a los demás candidatos a cumplir el mismo procedimiento, a fin de despejar dudas sobre la transparencia de los comicios y la veracidad de los resultados. En este sentido, y a fin de zanjar cualquier duda al respecto, Maduro manifestó que él, como jefe político, se someterá al interrogatorio de la Sala Electoral del máximo tribunal del país.
El mismo miércoles, en la tarde, con las pruebas en la mano, el presidente Maduro compareció ante la prensa extranjera, para dar a conocer toda la información recabada, con la cual fácilmente se puede configurar el nuevo expediente del plan terrorista contra Venezuela. Esta vez el plan es a partir de la declaración de un fraude que nació y se desarrolló en los laboratorios de guerra sicológica de Estados Unidos, que, con el financiamiento de la ultraderecha global, el narcotráfico colombiano y las agencias de inteligencia estadounidenses, pretendieron caotizar a Venezuela y hacerla presa fácil de su voracidad imperial.
Sergio Rodríguez Gelfenstein