Pero más allá de la autoría material de los hechos, existen responsabilidades morales y políticas en quienes no impiden o, cuando menos, no dificultan que esos comportamientos criminales puedan manifestarse tan fácilmente. Porque un país, en el que comprar un rifle o una pistola es algo tan “normal” como adquirir chucherías en un quiosco, no puede limitarse a condenar sólo al que aprieta el gatillo en los crímenes que se cometen con tales armas de fuego. Los gobernantes de ese país deberían dejar de escudarse en una mal entendida libertad para regular con el máximo rigor y mayor restricción la adquisición y tenencia de armas letales por parte de cualquier ciudadano, al que le mueve sólo el capricho de poseer un arma de fuego. Ya no se debe aguardar, si no se quiere ser cómplice involuntario, a que se cometa otra matanza de inocentes para abordar con seriedad un problema que sectores de la sociedad estadounidense y representantes políticos son reacios a reconocer y solucionar. ¿Cuántos muertos más hacen falta para admitir que la “libertad” de portar armas causa más estragos mortales entre la población que su prohibición o severa limitación? ¿De verdad sería más insegura la sociedad si careciera de “libertad” a portar armas de fuego? ¿Cuántos inocentes deberán pagar con su vida por una norma legal que ha demostrado su ineficacia para cumplir con su objetivo -la defensa personal- y constituye un peligro creciente para la seguridad del conjunto de la población? Existen, pues, responsabilidades políticas por parte de aquellas autoridades que paralizan iniciativas tendentes a impedir la venta de armas de fuego a particulares, desoyendo los llantos y el clamor de las familias de las víctimas. Porque por mucho poder e influencia que tenga la Asociación Nacional del Rifle ((NRA en sus siglas inglesas y cuyo rostro fue Kirk Douglas) y por mucha capacidad que tenga para ejercer de “lobby” de la industria de armas ligeras ante Congresistas y Senadores, es hora ya de exigir públicas responsabilidades a quienes banalizan la posesión de armas de fuego y hacen apología de las balas como instrumento de una supuesta libertad. Libertad para matar sin que ninguna ley disuada ni obstaculice la facilidad para cometer asesinatos. ¿Qué impedimento existe para que el poder político regule este aspecto que erosiona la convivencia pacífica de la sociedad, como corresponde a su función? ¿Qué intereses tan formidables impiden una regulación legal más severa en el control de las armas de fuego? ¿Acaso la inmigración provoca más muertes que esa “libertad” de ir armado como para priorizar las leyes contra los flujos migratorios en vez de contra la adquisición y tenencia de armas? Hay, por todo ello, responsabilidades políticas por la desidia ante una lacra mortal que no se extirpa de la sociedad de EE UU.
Por acción, al estar continuamente criminalizando al inmigrante y acusándolo de querer entrar en EE UU para robar y violar, convirtiéndolo en el único culpable de todos los males que aquejan a esa sociedad. Ha sembrado odios y miedos infundados por motivos raciales y religiosos, sin más datos que confirmen sus denuncias del rechazo al inmigrante, sobre todo hispano, que su palabra y su convencimiento, como si fueran verdades reveladas. Y lo hace cínicamente movido por la rentabilidad electoral que le proporciona blandir un supremacismo blanco y “autóctono” en una sociedad que recela de la multiculturalidad y de una globalización que obliga a competir y perder privilegios comerciales y económicos. Trump, aunque parezca lo contrario, no es tonto, pero es inmoral e indecente, hasta el punto de tener posibilidad de ser reelegido con los votos de aquella “américa profunda”, machista y racista, que teme perder su antiguo modo de vida. Trump se ha dedicado toda la vida a agitar el miedo al inmigrante, acusándolo de ir a EE UU a abusar de las ayudas sociales, quitar puestos de trabajo y aumentar la criminalidad, porque le depara votos, sin importarle que ello despertara el racismo latente y la xenofobia en una sociedad que hasta hace relativamente poco mantenía políticas de discriminación racial sobre la minoría negra de la población.