Cuba se ha convertido en un tema espinoso para la red social, por la trama perversa de la política y la legislación norteamericana vinculada a la Isla. No hay que ser un lince para descubrir que la paga a tuiteros profesionales en Miami y servicios especializados que propagan contenido viral, provienen de los 20 millones anuales que el Congreso de los Estados Unidos destina a la Administración, por Ley, para la subversión en el país caribeño.
El mandato del Congreso es público, tanto como los fondos destinados a la “creación de líderes” y la “ayuda a campañas publicitarias y políticas” a través “de las nuevas tecnologías de la comunicación”. En otras palabras, la Ley en Estados Unidos decreta que Washington puede fabricar disidentes, blogueros y tuiteros contra Cuba, como si esto fuera lo más natural del mundo.
En diciembre de 2009, el Washington Post publicó un documentado resumen de los debates en el Congreso, a instancias de Senador John Kerry, que pidió una investigación de esos escandalosos fondos que suministran una industria multimillonaria anticubana en Miami. Lo extraordinario es que hace un par de días, ese mismo diario, ni siquiera se preguntó cómo fue posible que 50 tuiteros -según mediciones de la agencia AP-, ubicados fundamentalmente en esa ciudad (ver TrendsMap), generaran el 2 de enero más de 100 mensajes “spam” por minuto, que giraron en torno a memes sobre la muerte del líder cubano Fidel Castro. Esa riada de mensajes con las etiquetas #FidelCastro y Fidel Castro, que corrían a la velocidad del rodillo de una máquina de lotería, solo podía provenir de sistemas automatizados.
Y es notable este desliz profesional del Washington Post, porque ese periódico y decenas de publicaciones en el mundo han estado llamando la atención sobre el cierre de cuentas en Twitter, tras el argumento inapelable de sus normas contra el “spam”, en la que han caído también, sospechosamente, integrantes del movimiento Occupy en Estados Unidos.
Para no ir demasiado lejos, The Wall Street Journal reseña las preocupaciones de la red de microblogging por el incremento de las cadenas virales, “que ponen en riesgo la utilidad de las redes sociales” y asegura que Twitter para fines de año contará con cinco programadores de “ciencia spam”, frente a los dos de ahora, y nueve especialistas en abusos de cuentas, como parte de su plantilla de 750 empleados.
Sin embargo, al ser interrogado por la prensa, el vocero de Twitter Jodi Olson ofreció una disculpa infantil sobre los contenidos y se cuidó de no mencionar la palabra maldita, “spam”, cuando le preguntaron por la campaña viral contra Cuba del pasado 2 de enero, aunque todos los usuarios que se asomaron a esa red social ese día podían reconocer las infinitas cadenas y así lo reflejaron las mediciones en Topsy, Google y el propio Twitter que ofreció Iroel Sánchez en su blog La pupila insomne y Cubadebate reprodujo. Si aceptamos por bueno lo que dijo Olson -”as you know, we don’t mediate content” (”como ustedes saben, nosotros no mediamos en los contenidos”)-, es legítimo pensar que el algoritmo anti-spam de la red social necesita serios ajustes.
No es la primera vez que Twitter patina frente a las políticas del gobierno de los Estados Unidos para Cuba. En octubre de 2010, después de varios días de cierre del servicio de envío de mensajes vía celular desde Cuba a Twitter, esta empresa lo restableció y anunció que era ella la que lo había deshabilitado. Twitter cerró esa posibilidad bajo presiones y quizás la amenaza de una multa astronómica de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que cuando ve algún dinero moviéndose 90 millas al Sur da el grito en el cielo, hasta que recibe las garantías de que este sirve al “cambio de régimen”, como establece la imperial Ley estadounidense.
Todavía Twitter debe la explicación de por qué cerró y luego abrió el servicio, que beneficia a los empleados locales de Washington en la Isla -el bloqueo de EEUU impide a los cubanos el servicio de comercio electrónico-. ¿Recibió Twitter una llamada “importante”, como en el verano del 2009, cuando el Departamento de Estado le exigió que no hiciera reparaciones en sus servidores para no interferir la guerra de mensajes contra Irán, activada desde esta red social?
Algún día lo sabremos. Mientras, cualquiera con un mínimo de sentido común frente a estos hechos tercos, puede llegar por sí mismo a la conclusión de que Twitter, como muchas otras compañías de internet estadounidenses, suele ser forzado a cumplir con las órdenes judiciales de los tribunales de Estados Unidos -lo vimos con la entrega de datos de los supuestos colaboradores de Wikileaks- y con las solicitudes de las diferentes agencias encargadas de velar por la ley. Y lo hace, aunque tengan que pasarle por encima a una norma elemental anti-spam que ellos, como debe ser, defienden ante sus usuarios.