SLP.- Este pasado 26 de septiembre, el Congreso del Estado de San Luis Potosí voto a favor de una reforma a la Ley de Transporte Público, que impediría que vehículos con un valor menor a 300 mil pesos puedan prestar el servicio de Uber, así como obligar que sólo el propietario del vehículo pueda ser chofer.
La denominada “Ley AntiUber” que fue propulsada por la diputada Alejandra Valdez y el diputado Rolando Hervet, se hizo a través de las presiones de un pequeño sector de “taxistas” quienes habrían irrumpido en el Congreso, sin tomar las consideraciones de la población en general, la cual es la que resulta más afectada al provocar que el servicio eleve sus tarifas que ni pueden ser pagadas por todos los potosinos y abriendo más la brecha de la desigualdad.
La plataforma ya se ha pronunciado al respecto de esta pifia legislativa y señaló que en ningún momento se les escucho o invitó a mesas de dialogo. Calificó de la nueva ley como un atentado contra los derechos constitucionales de acceso al trabajo e igualdad de condiciones, regulaciones similares a otras entidades en las que la propia SCJN ha calificado de inconstitucional.
A pesar de que el Congreso del Estado gasta millones de pesos en asesores, todo parece mostrar que no lo son en realidad, desconocen del tema de garantías constitucionales y si son en realidad presta nombres para ordeñar el presupuesto público.
La empresa Uber señala que esta ley produce que la operatividad de la empresa en la entidad se vea en riesgo, y podrían salir de San Luis Potosí de mantenerse, lo que trae un fuerte rezago a la competitividad del Estado, afectando a sectores como el empresaria y turístico.