En el plano económico, el Gobierno ha vuelto a presumir de haber librado a España del rescate olvidando una vez más la generosa inyección pública a los bancos para salvarlos de la irresponsable gestión de sus directivos. Mientras, las pequeñas y medianas empresas siguen muriendo de inanición crediticia y echan más empleados a la calle. Saca pecho el Gobierno con las cifras del paro pero esconde que estamos casi igual o peor que al comienzo de la legislatura si tenemos en cuenta que hay medio millón de afiliados menos a la Seguridad Social, muchos de ellos buscándose la vida en el extranjero. La reforma laboral ha deprimido los salarios hasta el punto de que la mismísima Comisión Europea le ha dado un sonoro tirón de orejas a Rajoy y a los suyos. En paralelo se han disparado los índices de pobreza y exclusión social, incluyendo a los niños, mientras el Gobierno ha asistido prácticamente impasible o limitándose a parchear el drama social de los desahucios y la monumental estafa de las preferentes.
El mantra del cumplimiento del objetivo de déficit ha dañado severamente los servicios públicos y la reforma fiscal ha profundizado en la falta de progresividad del sistema después de amnistiar con todos los honores a los defraudadores y hacer dejación del deber de perseguir el fraude. Los incorregibles tics centralistas del PP han abortado la imperiosa reforma del sistema de financiación autonómico prolongando situaciones de agravio comparativo con territorios como Canarias, que para colmo de males se han extendido también a los Presupuestos Generales del Estado de estos tres años de legislatura. El PP ha usado su mayoría absoluta como una suerte de patente de corso para ignorar el diálogo y el consenso con el resto de las fuerzas parlamentarias e imponer sus políticas sin miramientos ni contemplaciones. Un caso flagrante de esa falta de sensibilidad política es la imposición por las bravas y hasta manu militari de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Sólo cuando le ha interesado electoralmente, como ocurrió con la retirada de la Ley del Aborto, ha apelado hipócritamente al acuerdo. Con Rajoy en La Moncloa el “desafío catalán” no ha hecho sino agravarse y enconarse: inmovilismo, desdén y ley han sido sus únicos argumentos ante un órdago del que ha preferido no saber nada hasta que ya ha empezado a ser demasiado tarde para encontrar una salida a un problema que cada vez tiene menos de jurídico.
En el pantanoso y maloliente terreno de la corrupción, seguimos esperando tres años después por las medidas de regeneración política que anunció Rajoy, la mayoría de las cuales se han quedado por el camino como tantas otras cosas que prometió para luego hacer justo lo contrario. En lugar de impulsar una verdadera batalla política y jurídica contra los corruptos, tal y como exigen unos ciudadanos asqueados de los continuos escándalos y la barra libre con la que se ha robado y gastado el dinero público, el PP y el Gobierno con su presidente al frente han preferido durante todo este tiempo aplicarse a fondo en defenderlos, justificarlos, esconderlos o no nombrarlos. Y cuando ya no había más remedio ante las evidencias, pedir perdón y darse por satisfecho. Eso siempre y cuando los cogidos en falta sean los suyos y no los del rival político: en ese caso no ha dudado en recurrir al “y tú más”, del que tanto han abusado también en el PSOE, y a pedir que rueden cabezas.
Se comprende que ante semejante balance el PP y el Gobierno hayan preferido pasar hoy de puntillas sobre los tres años de Rajoy en La Moncloa. Tengo para mí que a estas alturas les preocupan mucho menos las consecuencias de sus políticas a lo largo de este trienio que la posibilidad de que estén inaugurando su último año en el poder.