El ‘ultra' Emilio Hellín Moro, condenado en 1982 a 43 años de cárcel por asesinar a Yolanda González, lleva tiempo en libertad. Actualmente trabaja como asesor de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Una ética elemental exige que los mandos de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado pongan fin de inmediato a esta relación, legal pero indecente. De lo contrario, que nadie se extrañe si en las manifestaciones alguien tiene la tentación de gritar 'policía asesina'
Asegura la noticia publicada por el diario El País que: "Un excriminal de la ultraderecha condenado a 43 años por asesinato trabaja para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático".
Precisando un poco más, habría que decir que Emilio Hellín no es un excriminal, sino un criminal en toda regla. El viernes 1 de febrero de 1980, los militantes de Fuerza Nueva Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, estudiante de Químicas, secuestraron a Yolanda González, joven militante de izquierda que acababa de cumplir 19 años y la metieron en un coche. Luego, en un descampado, Hellín obligó a la joven a descender del vehículo y le disparó dos tiros en la cabeza a menos de un metro de distancia. Emilio Hellín cometió un asesinato y fue condenado a prisión por ello, aunque una legislación benévola le permitiera salir en libertad cuando todavía no llevaba cumplida ni siquiera la mitad de la condena. Luego es correcto hablar de Hellín en pasado para referirse a su condición de recluso o expresidiario. Sin embargo, el DRAE considera criminal al "Que ha cometido o procurado cometer un crimen', es decir que su condición de criminal le acompañará durante toda su vida y sólo se extinguirá cuando le sobrevenga la muerte.
Como expresidiario, Hellín tiene derecho a la reinserción social. Así lo dispone el art. 25 de la Constitución. Pero su contratación como asesor y formador de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado resulta de dudosa ética. No por parte de Hellín, de cuya condición criminal no cabe esperar ética alguna, sino de los responsables de los citados cuerpos estatales.
Emilio Hellín Moro. Foto: Carlos Rosillo / El País
Muchas cosas deben cambiar en la estructura política, institucional y administrativa de este país para poder considerarlo un país moderno y decente. Pero situaciones tan escandalosas como esta deben ser enderezadas de inmediato. De otra forma, la ciudadanía no podrá confiar tampoco en su policía.
A raíz de las manifestaciones de protesta celebradas el pasado 23-F, otro periódico ha introducido a un redactor dentro de un furgón policial para contarnos cómo transcurre una jornada de este tipo para el grupo de antidisturbios que constituye su dotación. Se quejan estos de que, en ocasiones, algunos manifestantes los vejan con gritos de "policía asesina". Calificativo a todas luces exagerado, pues aunque el comportamiento de estos agentes no es precisamente modélico, en la actualidad no llega a tales extremos.
Pero contratar criminales como asesores de la policía no ayuda demasiado a lavar la imagen de nuestras Fuerzas de Seguridad.