Hace tiempo que está tomando fuerza desde el stablishment la versión contraria a la que emergió desde el gobierno y desde las organizaciones de DDHH: el renacer de la teoría de los dos demonios es un hecho. Basta entrar a una libreria para encontrarse con numerosos libros que buscan imponer la idea de "guerra" que el terrorismo de Estado es lo mismo que el ataque de las organizaciones armadas. Desde los trabajos proprocesistas de Ceferino Reato, pasando por los ya clásicos del Tata Yofre, ahora con los recientes libros "Los otros muertos" y ahora el extraño libro "Entregado por nosotros" donde soslayan la responsabilidad también de Montoneros ante el asesinato realizado por la AAA al padre Mujica, retomando una de las versiones oficialistas de los años setenta mientras que el aparato terrorista parapolicial hacia estrago entre militantes y sindicalistas combativos.
Es interesante leer en sintonía el editorial de La Nazión de hoy, con una clara intencionalidad de que la Justicia abandone el avance de investigación ante los responsables civiles antes y durante la última dictadura militar.
Algunos fragmentos a destacar:
Luego de siete largos años, el juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft fue absuelto por el fallo de ocho de los diez miembros del jurado de enjuiciamiento de la acusación de haber sido cómplice del gobierno militar a partir de 1976 y partícipe necesario de delitos de lesa humanidad.Cabe recordar que la imputación se inició por una denuncia presentada por el hoy fallecido secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, de amplia y reconocida militancia en los años 70 en la faceta legal de las organizaciones político-militares que intentaron, mediante la lucha armada, tomar el poder y que con su accionar fueron parte de la sangrienta tragedia de aquellos años. (Nota: para instalar la idea de revanchismo se destaca el pasado "complice" de Eduardo Duhalde con las organizaciones armadas, sin profundizar siquiera en su labor enorme junto a su compañero asesinado vilmente por la AAA, Ortega Peña)El juicio político a que fue sometido Hooft tuvo idas y venidas por parte de la fiscalía y la defensa, y el pasado 28 de abril el tribunal declaró su inocencia de los graves hechos de los que fue acusado. Según vienen denunciando sus defensores y ahora estaría a punto de comprobarse, el caso Hooft constituiría una contundente prueba de una causa armada desde el poder kirchnerista para sustentar el relato parcial y tuerto de aquellos sangrientos años de plomo.El caso Hooft es, a todas luces, un ejemplo de persecución política en nombre de los derechos humanos que el kirchnerismo enarboló recién en 2003, nunca antes, y que utilizó como un ariete e instrumento de venganza para destruir o intentar hacerlo con todas aquellas personas o instituciones que no se encolumnaron detrás de su maniquea visión.Así, sufrieron los embates la Iglesia Católica, los medios periodísticos independientes, la Justicia, sectores del empresariado y numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas, hoy presos políticos por la venganza oficial, que en su condición de jóvenes militares enfrentaron a las organizaciones terroristas en la guerra interna que vivió el país con un saldo de dolor y muerte por ambos sectores enfrentados.Un gobernante que busque el bien común debe tender a sanar heridas del pasado, a fomentar la reconciliación nacional y la concordia entre sus gobernados mirando a las generaciones jóvenes, y no, como lo ha hecho, promoviendo la confrontación y la división social.En su modelo, el gobierno nacional ha sufrido una notable derrota al no poder concretar la artera persecución que sufrió durante estos años el juez Hooft. Los mecanismos de revisión de la responsabilidad política funcionarial, previstos en la Constitución Nacional, fueron creados y diseñados para salvaguardar la idoneidad en los cargos públicos, no para perseguir a magistrados independientes (nota: el concepto de "independiente" es una palabra clave en la justificación proveniente desde la línea editorial. Establece la idea de estar al margen del conflicto, por fuera de la sociedad civil y enmarcada dentro de las instituciones ideales) de la Nación por meras razones ideológicas o políticas de los organismos políticos del Estado. Afortunadamente en este caso, la justicia prevaleció sobre la venganza
http://www.lanacion.com.ar/1689759-la-justicia-prevalecio-sobre-la-venganza
Según los organismos, Hooft, que es presidente de la Asociación Argentina de Bioética y titular del Juzgado Correccional N° 4 de Mar del Plata "contribuyó intencionalmente con el terrorismo de Estado, permitiendo que pudiesen cometerse delitos de lesa humanidad". Por eso exigen su indagatoria, procesamiento y detención como presunto responsable por acción u omisión de los delitos de "tormentos seguidos de muerte, tormentos cometidos en forma reiterada, violación reiterada", y como "autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba reiterada".La historia argentina de los Hooft empezó durante el primer gobierno peronista. El padre de Pedro había sido alcalde del pueblo holandés de Utrecht durante la ocupación nazi y hacia el fin de la guerra se sumó a los grupos de refugiados que buscaban asilo en Argentina. Pedro creció en Mar del Plata, donde aún permanece. En 1966 se graduó con medalla de honor en Derecho por la Universidad Católica. Era miembro de los grupos católicos y nacionalistas nucleados en la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria (CNU), con presencia fuerte en La Plata y Mar del Plata desde 1975, y donde ocupó el cargo de secretario académico de la universidad estatal por la agrupación.Hasta ese momento, la CNU era la única agrupación que se reivindicaba como peronista y combativa, pero comenzó a ser desplazada por la Tendencia Universitaria de la JUP. "La puja entre ambas posiciones, reflejo de la conmoción política que vivía el país –reseña la presentación judicial–, se trasladó activa y desgarradoramente a Mar del Plata", donde el índice de secuestros que afectaron a estudiantes de derecho y abogados recibidos o relacionados con la universidad fue llamativamente elevado. Al accionar de la CNU se le atribuyeron una serie de secuestros y de actividades de amedrentamiento paramilitar en la ciudad. Y su sombra siempre estuvo detrás de lo que los lugareños bautizaron como la Noche de las Corbatas, uno de los operativos coordinados por distintas fuerzas de seguridad en Mar del Plata entre el 6 y el 13 de julio de 1977 en contra de once personas, siete de las cuales murieron o siguen desaparecidas.El secuestro sacudió a la ciudad. Varias de las víctimas estaban comprometidas con la defensa de las garantías constitucionales enterradas por la dictadura, pero el único punto aparentemente en común entre todos es que en algún momento habrían sido opositores a la CNU. Para los impulsores de la querella contra Hooft, "sólo la investigación de lo que sucedió terminará por develar si integrantes de la CNU participaron en los hechos que hoy investiga el Tribunal Oral Federal y la Justicia (en los Juicios por la Verdad) y determinará la responsabilidad" de cada uno. Hooft está ligado a esa causa.http://www.lafogata.org/06arg/arg3/arg_13-1.htm