El voto en contra de la federación
nacionalista Convergència i Unió en la investidura de Mariano Rajoy como
presidente del nuevo Gobierno de España solamente se puede calificar como de un
inmenso error político. Esta decisión no conjuga con la imagen de seriedad y
responsabilidad institucional que se ha ido forjando a lo largo de las últimas
tres décadas en la carrera de San Jerónimo.
Ni cuando gobernó José María Aznar ni en los
tiempos más recientes de José Luis Rodríguez Zapatero, CiU se había atrevido a
votar en contra de ningún candidato.
En las dos elecciones donde el anterior
presidente fue elegido, CiU se abstuvo. Y tanto en 1996 como en 2000 apoyó
mediante un voto afirmativo la candidatura de José María Aznar, incluso
sabiendo que en las del año 2000 el PP disponía de una cómoda mayoría absoluta
de 182 diputados que hacía innecesario su apoyo. Aún y así los representantes
catalanes de CiU votaron a favor.
Es verdad que en dos ocasiones anteriores,
tanto en 1989 como en 1986 votaron en contra a la investidura de Felipe
González pero ello fue consecuencia del caso Banca Catalana cuando se quiso
llevar a los tribunales de Justicia al entonces president Jordi Pujol. Sin
embargo en la última investidura de González, en 1993, el voto fue afirmativo
mientras que, en 1982, se abstuvieron, la misma actitud que tuvieron con Adolfo
Suárez, en 1979.
Y justo es en esta ocasión, cuando el país
necesita los máximos apoyos para salir de la peor y más larga crisis económica
que han conocido los españoles vivos, esos nacionalistas catalanes muestran su
cara más irresponsable bajo la excusa que Rajoy no habló del pacto fiscal que
tanto anhelan conseguir.
Desde las filas de CiU indican que el voto
negativo ha sido en justa correspondencia a la actitud del Partido Popular
catalán (PPC) de Alicia Sánchez Camacho que votó en contra de la investidura de
Artur Mas como president de la Generalitat hace un año. Ojalá que solo sea eso.
De todas maneras, más pronto que tarde se han
de dar cuenta de su error y rectificar. Más si cabe teniendo en cuenta que el
Govern aún disponiendo de mayoría en el parlamento catalán necesita de seis
votos para aprobar las leyes, votos que hasta la fecha le ha proporcionado el
PPC en un gesto de responsabilidad que ahora no se ve correspondido.
Las declaraciones del portavoz Josep Antoni
Duran i Lleida alabando el nuevo Ejecutivo en cuanto conoció el perfil de los
ministros (“puede ser un buen gobierno”)parece que van en esa dirección de rectificación. Estoy convencido que
el líder democristiano le hubiera gustado cambiar el signo de su voto pero las
instrucciones desde la sede central de la Federación en Barcelona se lo
impidieron.
La actitud de Mas en el Parlament catalán,
hace dos días, también sugiere ese cambio de posición al ofrecer colaboración a
Rajoy y darle “un margen de confianza” pero ahora ya no bastan las buenas
intenciones y declaraciones sin contraste. Los hechos son los que deben hablar
a partir de ahora.
De momento, Enric Millo, portavoz del PPC en
el Parlament, espera al 18 de enero, fecha en que deben ser aprobados los
presupuestos catalanes, para indicar a los populares si deben seguir apoyando
el Govern de Mas con su abstención, a la espera que la responsabilidad
nacionalista haga que se vuelvan a tender los puentes.
Por el bien de todos y sobre todo de la
continuidad del Ejecutivo de CiU en Cataluña, la actitud y el voto debe cambiar
en las próximas semanas, en cuanto el nuevo Gobierno español empiece a enviar
proposiciones de ley a las Cortes generales. La estabilidad del país y el
bienestar de sus ciudadanos lo necesitan si queremos salir con bien de esta
dura crisis que afrontamos.