Un paso adelante frente a la violencia machista en Europa

Para rechazar la Euroorden propuesta por España que garantizara la protección de las víctimas de violencia machista, algunos países y grupos alegaron el choque en materia legislativa entre países que supondría la aprobación de una norma europea común que adoptara la violencia de género como un delito penal. Tras un año de negociaciones, los ministros de Justicia de la UE lograron ayer un acuerdo con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo: la protección a la violencia machista tendrá base penal en la UE.

Los países de la UE regulan la protección de víctimas de maltrato de manera distinta: mientras unos cuentan con una base legislativa civil o administrativa, otros como España le otorgan carácter penal. De modo que esta “diversidad” se traducía como principal impedimento a la hora de legislar de un modo común.

En mayo de este año, Reding presentó su llamado "plan integral de protección de víctimas", que incluía tres medidas: dos directivas, una que fija normas mínimas para víctimas de delitos y otra que regula las compensaciones económicas a las que tienen derecho, y un reglamento sobre los derechos civiles de las maltratadas que completaba la propuesta española (de carácter penal).

La propuesta de Reding no contó con la aprobación plena de las asociaciones de mujeres, entre ellas la Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres, una organización que ha trabajado y desarrollado varios seminarios y aportes con esta temática, pues consideraban que “no ha tenido en cuenta a las mujeres de un modo adecuado”.

Por un lado, porque protegía a las víctimas y los agresores del mismo modo y por otro, son las mujeres quienes tienen que notificar a las autoridades el cambio de ubicación y, por tanto, las que tienen que solicitar protección. “Esto se aleja del planteamiento del Lobby que siempre ha defendido que son los Estados quienes tienen negociar y traspasar la documentación”. De no modificarse algunos detalles y mecanismos recogidos en la directiva, la víctima, al notificar su desplazamiento, se expondrá a que el agresor, sobre el que pese una orden de alejamiento, conozca su paradero.

Bruselas insistía en negociar primero su propuesta civil y dejar la española (penal) para más adelante, pero ante el respaldo del Parlamento Europeo, la presidencia polaca y una mayoría de delegaciones nacionales tuvo que ceder y aceptar que el proceso será el contrario.

Para aprobar la protección de víctimas de maltrato en su vertiente civil se requiere el apoyo de los países de la UE y de la Eurocámara, un proceso que según fuentes comunitarias podría demorarse hasta dos años.

En la nueva normativa, acordada ayer, cuando víctima y agresor pasan de un sistema con base penal a uno con base civil, las autoridades del segundo país pueden tomar una decisión nueva sobre el caso y adaptarlo a su ordenamiento jurídico sin incrementar el grado de la penalización. Se busca que las víctimas europeas estén protegidas mas allá de las fronteras que las alberguen en un momento determinado.

Fuente: AmecoPress