Por: Juan Carlos Junio
La quita de subsidios a las tarifas de luz -anunciada luego de una muy fuerte campaña de manipulación de la opinión pública basada en un “inminente colapso del servicio”- es un golpe a la economía de millones de usuarios domiciliarios y empresas.
El 65 por ciento de la masa de subsidios correspondía al sector industrial y el otro 35 restante a los domicilios. Juan José Aranguren, ex directivo de Shell y ahora devenido en ministro de la Nación, está convencido de que el Estado no debe favorecer a ningún sector social con subsidios, por más humildes que sean.
Es importante aclarar que el tarifazo tiene como primera víctima al 10% más humilde del área metropolitana, que va a sufrir una reducción concreta e inmediata de sus ingresos de alrededor del 11%. Para afrontar el pago de la energía, esas 200 mil familias tendrán que ajustarse en alimentación, vestimenta, remedios, recreación y otras necesidades básicas.
Aranguren tampoco piensa que sea necesario subsidiar a las Pymes, en las que se sustenta el 70% de la generación de la riqueza y del empleo argentino. En cambio, el ministro no dudó ni por un momento en darle a las grandes corporaciones petroleras un aumento del 12% para los combustibles (el primer 6% se materializó en enero y el otro 6% se producirá en marzo). En ese punto existe gran inquietud en el sector pyme, ya que los industriales le compran a las distribuidoras y el aumento sería de hasta el 700%.
Por la vía del aumento de las tarifas se genera uno de los mecanismos más directos de ajuste de la economía y de transferencia de ingresos de un sector a otro.